Esto cambió después, cuando, para dar cabida a la pluralidad política de México, se modificaron las reglas para permitir a las fuerzas con un menor peso tener asientos a través del principio de representación proporcional.
De los 500 diputados que tiene la Cámara, 300 se eligen por voto directo y 200 son de representación proporcional o plurinominales, que son distribuidos por el INE según el porcentaje de votos obtenidos por cada partido.
En esa asignación, el INE debe considerar la regla de sobrerrepresentación establecida en el artículo 54 de la Constitución, fracción V: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida”.
Esto implica que, por ejemplo, una fuerza con 30% de los votos no podría tener más de 38% de los asientos de la Cámara.
Tal disposición solamente se deja de aplicar cuando un partido gana una cantidad de distritos que excede a su porcentaje de votación más el 8% fijado, lo que a su vez le resta acceso a legisladores plurinominales.
¿Por qué empezaron los problemas?
Los controles comenzaron a distorsionarse a partir de reformas electorales. La reforma de 2007 modificó la forma de contar los votos de partidos coaligados, para establecer que cada uno recibirá la votación de forma individual y no como antes, cuando en los convenios de coalición se pactaban los porcentajes en los que se repartirían los votos.
A partir de 2012, esto se combinó con diversas interpretaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que han variado la forma de asignar pluris.
En los convenios de coalición, los partidos han tenido la libertad de registrar a militantes propios como candidatos de su aliados. Así, el INE no ha contabilizado los triunfos de los abanderados considerando su militancia de origen, sino solo el reparto de distritos previsto en los propios convenios de coalición.
Lo anterior y decisiones del TEPJF han hecho posible que partidos mayoritarios rebasen el 8% de sobrerrepresentación permitido, gracias a que han podido esconder algunas victorias y aparentar tener menos votos, con el fin de tener más derecho a curules de representación proporcional.
