Además, defendió su propuesta, argumentando que busca “proteger la soberanía” y evitar censuras; explicó que el uso de una red social no basta para invalidar una elección.
“Es proteger de cualquier intervención extranjera o agentes externos que puedan generar desequilibrio, inequidad, desigualdad en una elección. El concepto soberanía implica el concepto más importante en la etapa moderna, el acompañamiento a los estados nacionales, porque la soberanía es un derecho exclusivo y supremo que ejerce el poder público”, comentó el morenista.
Recordó que actualmente el artículo 40 de la Constitución ya establece que ningún gobierno extranjero puede intervenir en asuntos de México, pero enfatizó que su propuesta surge porque en ese artículo no se mencionan sanciones en caso de incumplimiento.
“Aquel que no acepte esta reforma, es porque espera que se invada a México; aquel que no acepte la propuesta, es porque espera financiamiento o respaldo de gobiernos extranjeros para ganar elecciones”, declaró.
Por su parte, la panista Noemí Luna aseguró que la reforma no fortalece la soberanía, sino que la “debilita”, y la calificó de “peligrosa” por no definir qué constituye intervención extranjera, lo que, según ella, deja la decisión a un criterio subjetivo de quienes determinarán la nulidad.
“La soberanía es para dotar de seguridad a los ciudadanos y se está ante una premisa falsa, pues México no está bajo amenaza por gobiernos extranjeros; conforme a tratados internacionales, investigan o solicitan la extradición de políticos vinculados con actividades criminales. Eso no es invasión, es cooperación internacional”, declaró.
Mientras tanto, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, propuso incluir que la participación del crimen organizado también sea causal para anular elecciones y señaló que, quizá, es propuesta sí la respaldarían.
Aún falta que los diputados discutan las reformas secundarias a esta nueva disposición constitucional. En ellas se plantea que se anularán los comicios si se demuestra la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros a través de financiamiento ilícito, desinformación, manipulación digital o presiones políticas, económicas y mediáticas.