¿Reforma electoral sin mover una coma a la Constitución? Esta es la ruta alterna de Sheinbaum

Para Daniela Arias Sánchez, coordinadora de Laboratorio Electoral, equipo de expertos que actualmente realiza un mapeo de los cambios legales, seña que Morena podría sacar adelante sin necesidad de tener la mayoría calificada, explica que aspectos relacionados con la fiscalización y la organización de elecciones no requieren necesariamente de una reforma constitucional.

”No necesitan estar en la Constitución. Por ejemplo, las medidas de coordinación entre autoridades para los reportes que tienen que entregar las autoridades externas al INE, de los movimientos financieros de las candidaturas y de los partidos y demás. Eso no necesariamente tendría que venir en la Constitución. Eso puede ser una modificación a la ley. Eso puede venir en los lineamientos del INE”.

“Todo lo de fiscalización puede entrar en legal, casi todo lo de fiscalización puede entrar a nivel legal. La parte de inteligencia artificial también puede entrar a nivel legal”, explica Arias Sánchez.

El constitucionalista Javier Martín Reyes, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte que los cambios podrían darse en dos vías: intentar meter por ley secundaria los cambios constitucionales contenidos en la propuesta o cambios a normas que, sin estar en la Carta Magna, modifiquen por completo el sistema electoral.

“Hay cosas que posiblemente se podrían establecer: la prohibición de uso de dinero en efectivo quizá podríamos ver una regulación más dura y el tema de la prohibición de financiamiento ilícito”, dice.

Como ejemplo de los cambios vía leyes secundarias, Martín Reyes, expone el caso del Plan B de López Obrador a través del cual en 2022 se aprobaron cambios a artículos de las siguientes leyes:

• General de Instituciones y Procedimientos Electorales
• General de Partidos Políticos
• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
• Ley General en Materia de Delitos Electorales

Todos esos cambios pasaron sin necesidad de contar con los votos de ninguna otra bancada, pues bastó la mayoría simple, es decir, la mitad de votos más uno en San Lázaro y en el Senado para que pasaran. Actualmente, Morena tiene 253 diputados y 67 senadores, lo que hace viable sacar adelante cualquier ley secundaria.

Lo que sí advierte Arias es que cambiaría el proceso, pues a diferencia de la redacción de la Constitución, las leyes secundarias son mucho más específicas y requieren de una revisión más a detalle.

“Realmente nos estaríamos enfrentando a grandes modificaciones legales que incluso podrían ser mucho más técnicas y mucho más largas, porque no es lo mismo modificar la Constitución, que nada más puedes hacer ciertas cosas específicas, ciertos textos más generales a la ley general”, señala la experta.

¿Una “ventanita” legal para modificar los pluris?

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció el pasado viernes que hay temas centrales de la iniciativa presidencial que si no son aprobados como cambio constitucional no pueden ser modificados en ley secundaria. Esto lo dijo en referencia específica al recorte del financiamiento a los partidos y la eliminación de 32 senadores plurinominales.

“Cuando una reforma de esta envergadura, una reforma constitucional se desecha, es decir no se aprueba por las dos terceras partes, esta ya no se puede presentar ni en el periodo (actual) ni en el siguiente. La reforma se desecha y no se puede por otra vía, ni por la vía secundaria ni con otra reforma similar aceptarse en la Cámara”, dijo.

En esto coincide Arias Sánchez, del Laboratorio Electoral, pero advierte que en el caso de la representación proporcional en la Cámara de Diputados existe la posibilidad de que se dé un proceso de “interpretación legal”, es decir buscar cómo hacer una reinterpretación de la ley "estirando mucho la liga".

Actualmente, el artículo 52 de la Constitución es el que establece la conformación de la Cámara de la siguiente manera:

“Estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales”.

Ese artículo solo indica que habrá listas regionales, votadas en circunscripciones y en razón de la votación proporcional, pero no indica el mecanismo para determinar esas listas. En la reforma de la presidenta, se establecía que 100 serían elegidos por voto directo y los otros 100 a quienes fueran los mejores perdedores dentro del partido.

Reglas específicas como esas u otras no tienen que venir en la reforma constitucional y eso seguramente vendría en legislaciones secundarias, señalan los expertos.

Los temores de un posible recorte al INE

Aunque en principio la reforma electoral propuesta por Sheinbaum aparenta dar más fuerza al organismo en temas de fiscalización y coordinación con autoridades, para Arias el problema está en el aspecto técnico-electoral, pues si bien se les otorgan mayores atribuciones, se deja de lado cómo funciona el organismo.

“Uno de los problemas es que quieren recortar costos de la elección, pero al mismo tiempo que haya voto electrónico, mecanismos de coordinación, informes diarios de fiscalización y sin más recursos pueden saturar, reventar, a volver inoperable a la autoridad electoral”, señala Arias.

Estos temores surgieron, incluso, antes de la presentación de la reforma, cuando se plantearon temas como la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), las Juntas Distritales y del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

“El problema es que se ha buscado afectar sobre todo la parte técnico-electoral, donde se da certeza a las elecciones y eso es viable que se haga por vía de la ley secundaria”, indica Arias.

Recomendamos:

Congreso

Reforma electoral de Sheinbaum reconfigura el Congreso; advierten mayor control de Morena

En su análisis de la propuesta inicial, Luis Calor Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) y director de Integralia, puso igualmente el foco en las legislaciones secundarias, en relación con el INE.

“Faltan reformas legales. Sin ellas no se puede hacer análisis completo. Por ejemplo, cambios a la estructura y al servicio de carrera del @INEMexico o los detalles de la asignación de pluris o qué pasa con el PREP”, escribió en la red social X el 5 de marzo.

En su diagnóstico general, anticipó una probabilidad de éxito baja sin descartar un "plan B".

Para Javier Martín Reyes, este es el riesgo más grande de las reforma.

"Hay quien dice es que la estructura del INE no viene en la Constitución. Pero yo diría, ahí no viene, pero sí vienen principios, el de certeza, el de legalidad, el del profesionalismo de los procesos electorales que se afectarían si desmantelamos la estructura permanente del INE", señala el también abogado constitucionalista.

Dentro de los aliados las posiciones sobre un eventual "plan B" aún están en duda. Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo en San Lázaro, dijo en una entrevista de televisión que espera que las propuestas de modificación a leyes secundarias se hagan en unidad.

Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde, por otro lado coincidió en propuestas como la desaparición de las listas para las diputaciones plurinominales, pero pidió establecer un piso parejo de financiamiento para todos los partidos políticos.

La ruta de la reforma de Sheimbaum

Está previsto que el próximo miércoles en sesión vespertina de la Cámara de Diputados, sea sometido a votación el dictamen de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta.

Monreal sostuvo la semana pasada que aún le faltaban 70 votos para que prosperaran los 11 cambios constitucionales propuestos por Sheinbaum.

Uno de los escenarios es que una vez rechazado el dictamen inicie el análisis de las reformas a leyes secundarias, aún sin dictamen, y que pudieran ser remitidas ese mismo día por la presidenta.

Un proceso similar y a esa velocidad ocurrió el 6 de diciembre de 2022, cuando la oposición rechazó el Plan A del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también consistía en una reforma constitucional.

En sesión vespertina del día siguiente, en la Cámara de Diputados se dispensaron los trámites y se sometieron a discusión y votación las reformas del Plan B. Como se trataba de leyes secundarias no fue necesario contar con la mayoría calificada.

Posteriormente, el Plan B fue aprobado en el Senado a pesar del voto en contra del entonces senador Ricardo Monreal, quien advirtió que varios artículos incluidos en el paquete violaban la Constitución.

Recomendamos:

Congreso

Senadores consuman Plan B de AMLO que achica al INE; lo regresan a Diputados

Plan B con una Corte afín

A diferencia del bloque de reformas de López Obrador en esta ocasión el panorama es distinto, ya que la integración del Máximo Tribunal es distinto que el que recibió las impugnaciones en aquella ocasión.

El 21 de febrero de 2023, la Corte admitió a trámite un primer bloque de impugnaciones a las reformas del Plan B. Y para inicios de marzo de ese mismo año admitió una controversia constitucional proveniente del INE. Un mes después, el PRD, ahora extinto, y Movimiento Ciudadano presentaron un segundo bloque de acciones de inconstitucionalidad.

El 25 de marzo, los ministros otorgaron una suspención al paquete de reformas bajo el argumento de una posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Entre los meses de mayo y junio de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las modificaciones con las que el gobierno pretendía limitar recursos y facultades al INE. Pero en esta ocasión, el panorama del máximo tribunal del país es distinto al de hace tres años, señala Martín Reyes.

“Hoy en día no tenemos una Corte, mínimamente independiente. Es una Corte donde más allá de que hay algunos buenos perfiles -sí creo que los hay- es la Corte del acordeón.

“Algunos de sus integrantes Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yazmin Esquivel son figuras que ideológicamente tienen muchísima cercanía (con el gobierno) y también porque es una Corte, digamos, permanentemente amenazada, a la que en cualquier momento le haces una reforma constitucional para para destruirlos”, advierte.