Este “regalo” a los aliados quedó confirmado y consiste en que vía convenios de coalición las fuerzas minoritarias acuerden la distribución de votos entre coaligados, con lo que tienen garantizado el 3% de sufragios nacionales necesario para la conservación infinita del registro como partidos, vía pactos y no en las urnas.
Con el aval de Morena y sus aliados se concretaron cambios fundamentales propuestos por el presidente López Obrador pues se recortó estructura, presupuesto, percepciones y facultades al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que se ha denunciado que pone en riesgo la organización de comicios y además provocará la salida masiva de trabajadores.
El Plan B consiste en reformas a 4 leyes y creación de una nueva y fue avalada a las 7:34 de la mañana de este jueves; en lo general recibió con 69 votos a favor y 53 en contra; en lo particular 68 votos a favor y 52 en contra.
En el dictamen de la primera minuta están cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), la derogación de una ley y emisión de una nueva, la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME).
En el dictamen de la segunda minuta, avalada en lo general y en lo particular a las 10:14 de la mañana de este jueves con 63 votos a favor y 48 en contra,
están cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRASP).
La Cámara de Diputados alista su sesión para recibir las minutas de los senadores y darles rápido trámite, a fin de que queden listas antes de que hoy se concluya el periodo ordinario de sesiones.
En la segunda minuta se encuentran las propuestas planteadas en la iniciativa de la bancada de diputados de Morena en materia de propaganda gubernamental. Entre otras cosas autorizan, con el argumento de la libertad de expresión, toda manifestación pública de los servidores públicos —verbal, material o en redes— sin importar si hay o no procesos electorales en curso.
Esto, vía sentencias judiciales había sido considerado contrario a la Constitución por poner en riesgo la equidad en las contiendas electorales, principio que conforme a los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe privilegiarse por encima de la libertad de expresión, pues ningún derecho es absoluto.
Además se legalizaron conductas cuya práctica reiterada lleva hoy a la pérdida del “ modo honesto de vivir” de los servidores públicos, como lo es la violación de manera recurrente del artículo 134 de la Constitución que prohíbe la emisión de propaganda personalizada bajo cualquier modalidad de comunicación social, es decir, que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos.
Hasta hoy los presidenciables morenistas tienen en su contra más de una treintena de denuncias por incurrir en esa irregularidad por sus mensajes, difusión en redes sociales o la existencia de bardas, carteles, espectaculares y otro tipo de propaganda.
