Santiago González Soto, del PT anticipó: “Es probable que veamos al menos un rebote de inflación moderado a fuerte en 2026, sobre todo en bienes manufacturados, electrónicos, autopartes, insumos industriales y otros bienes importados”.
Expuso que su bancada está preocupada por el impacto de los aranceles en los costos de producción y por ende en el empleo, pues considera que afectará la cadena de proveeduría nacional”.
“Coordinación, no sumisión”, gritó en el pleno esa bancada.
La diputada del PAN María Angélica Granados Trespalacios explicó el voto de su bancada en “abstencion responsable”.
Alertó riesgos de alzas por ejemplo en juguetes: “El polietileno, hasta el 50% del contenido de un juguete no se produce en México en la cantidad y la calidad requerida. A pesar de ello, el dictamen establece aranceles más altos. Esto significa juguetes más caros y familias pagando el costo final”.
Expuso que "(algunas empresas) advirtieron que ciertos aceros laminados no tienen sustituto regional y que un incremento arancelario podría implicar impactos de hasta 30 millones de dólares anuales por cada planta”.
"Corremos entonces el riesgo de desabasto, encarecimiento e incluso ruptura de cadenas de suministro en sectores críticos, incluidos aquellos que son vinculados a la transición energética”, alertó la panista.
“El PAN acompaña el trabajo técnico de la Comisión, pero votamos en abstención enviando un mensaje claro: no nos oponemos a apoyar a México ni a su industria del dumping y del comercio desleal, pero no vamos a avalar una reforma con riesgos para las familias mexicanas y las mipymes”, dijo el panista Héctor Saúl Téllez al pedir apoyos a pequeñas empresas.
El panista Marcelo Torres alertó que no es una estrategia, sino "un manotazo; una improvisación económica convertida en decreto”.
"No hay candados, no tiene metas, no tiene plazos, no tiene evaluación (…) Morena quiere que aprobemos esto a ciegas”, agregó.
“La industria va a colapsar” vaticinó por su parte el priista Miguel Alonso y acusó que los aranceles serán una “nueva traición” de Morena, pues el consumidor final será el que pague.
“Con la novedad de que va a costar 35% más el vehículo ligero y habrá un incremento en 150% en refacciones”, dijo.
El priista Hugo Arroyo puso énfasis en que el gobierno federal no ofreció claridad sobre el destino que tendrán los ingresos que reciba por el alza a los aranceles, mientras que Emilio Suárez Licona propuso que en seis meses la Secretaría de Economía rinda un informe sobre los resultados de la medida arancelaria y pidió que entre en vigor en tres meses para tener periodo de adaptación.
Según la propuesta, la reforma entraría en vigor el 1 de enero del 2026.
“Se tendría que modificar la entrada en vigor de la misma, porque no podría un proveedor, no podría una industria, no podría una empresa adaptarse en tan poco tiempo a un cambio de proveedor y sobre todo el poder estar surtiendo los productos que el mercado le demanda”, comentó.
Hugo Manuel Luna, de MC, dijo por su parte que –ante el festejo de Morena sobre la facultad que la presidenta Sheinbaum delegó al Congreso para avalar el alza arancelaria– en realidad fue una estrategia para librarla del desgaste político, pues traerá consecuencias para los consumidores.
“Hay que estar atentos a la triangulación de bienes que se importan desde terceros países”, apuntó Gloria Núñez, también de MC.
“Debe tenerse claro si al ajustar un arancel se mejorará la capacidad o se trasladará el costo a los consumidores finales, así como cuidar que no se afecte la competitividad de la industria y exportaciones mexicanas”, estimó.
La emecista Gabriela Salas Rodríguez sostuvo que los aranceles pegarán al consumidor final, que es el último en esa cadena.
“Así gritaban y levantaban la voz cuando se aprobó un 15 % de IVA, ¿si se acuerdan? Se acuerdan que levantaron la voz y dijeron: cómo es posible. Pues ahora están aumentado 35% en aranceles, así de incongruente es su política”, agregó.