En maratónica sesión, diputados concretan la nueva Ley de Aguas
La reforma a la Ley de Aguas llegó al Senado, donde hay plan de contingencia en caso de que las protestas no permitan a legisladores llevar a cabo la discusión en la sede principal.
La Cámara de Diputados concretó la aprobación en lo general y en lo particular de la nueva Ley de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), con cambios vía reservas con los que Morena y aliados buscaron desactivar las protestas campesinas.
Las modificaciones avaladas fueron sólo las presentadas por Morena y aliados, que con 324 votos aprobaron el dictamen; en contra en lo general y en lo particular se emitieron 118 sufragios, de la oposición; hubo dos abstenciones.
La minuta se remitió al Senado para su aprobación, y su sede legislativa amaneció con un operativo de seguridad especial, además de la posibilidad a llamar a sesión en sede alterna, de ser necesario ante posibles protestas.
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Sin embargo, líderes campesinos anunciaron el inicio de pláticas, ahora con senadores, ante la persistencia de cambios legales con los que no están de acuerdo.
Campesinos bloquearon carreteras para protestar contra la reforma. (Foto: Cuartoscuro )
Morena acusa mitos detrás de protestas
La aprobación de las reformas se dio con la denuncia de un “albazo”, pues la discusión sería este jueves, pero Morena y aliados le dieron fast track para adelantarse un día. Y en la madrugada, aunque se habían pactado cinco rondas de debate, intentó cerrar la discusión antes, a la tercera.
Por eso la oposición decidió no retirar reservas y dar la batalla en tribuna, así que la sesión se convirtió en maratónica.
Las reservas autorizadas por el pleno y presentadas por el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, fueron 18 cambios previamente acordados con líderes campesinos y que se sumaron a los 50 que ya se habían incorporado durante la dictaminación.
Los dirigentes Eraclio Rodríguez y Abelardo Valdez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo, informaron que con ello suspendieron nuevas movilizaciones en la Ciudad de México.
Sin embargo insistieron que aún falta proteger siete mil sistemas de pozos agrícolas existentes hoy.
Demandaron garantizar los alumbramientos o perforaciones históricas usadas por ejidos y comunidades desde legislaciones previas.
Afirmaron que ya hay contacto con el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, para revisar cambios antes de que el dictamen avance, pero advirtieron que continuarán con movilizaciones y amparos de ser necesario, para “no dejar cabos sueltos”.
En las reservas realizadas en el curso del debate, de acuerdo al líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se precisó la garantía de derechos de sucesión y se reguló la extracción por libre alumbramiento.
Se reconocieron además los sistemas comunitarios y los servicios de agua para actividades productivas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, además de que el tratamiento de sus aguas se apegue a sus sistemas normativos pero eso quedará a la ley reglamentaria del artículo segundo constitucional.
La oposición advierte riesgos
De acuerdo con Morena, no se afectaron los derechos sucesorios y las personas concesionarias de agua podrán heredar, pero con un nuevo título con el mismo volumen y tipo de uso y previo permiso de la Conagua, emitido en 20 días hábiles.
Sin embargo la Ley General sí mantuvo el artículo 22 que indica:
“Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Los derechos preferentes derivados a la transmisión de propiedad, fusión y escisión de sociedades civiles y mercantiles y derechos sucesorios se regirán de conformidad con el artículo 37 Bis 1 de esta ley”.
De acuerdo con la oposición, ese artículo “es una estafa técnica, un fraude político al campo”.
El panista Marcelo Torres dijo que es “para crear un derecho preferente pero será por reasignación, no automático, no es transmisible ni heredable, por lo que las modificaciones fueron pura espuma, nada sólido” .
Lo que aprobaron fue “el derecho a hacer fila otra vez para presentar documentos y esperar a que la autoridad decida si quiere o no reasignar”, aseguró.
En la reforma, dijo Rubén Moreira, del PRI, no se habla de los derechos ligados, es decir los heredables, sino los de empresas.
El artículo relativo a las sucesiones, artículo 37 Bis 1, indica que habrá un Fondo Público de Reserva de Aguas Nacionales, y se conformará con los volúmenes “provenientes de la extinción de títulos de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales”.
Además se mantuvo que podrán ir a ese Fondo los volúmenes que deriven de la sesión en favor de la autoridad del agua, los vinculados a la preferencia de derechos (cuando se transmite el dominio de una propiedad asociada a un título de concesión) y en los casos de fusión y escisión, además los casos que se acrediten derechos sucesorios.
En la reasignación de volúmenes la autoridad del agua privilegiará aquellos usos que beneficien el derecho humano al agua.
Las decisiones las tomarán sólo instancias de gobierno, sin participación social. El responsable será el Comité del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, el cual estará integrado por la representación de la Secretaría de Medio Ambiente, Bienestar, Economía, Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Desarrollo Rural y será presidido por Conagua.
La consulta indígena
Morena acusó que gracias a las reservas, la oposición se quedó sin argumentos, y por eso insistió en que el paquete de reformas a la Ley de Aguas debió ser consultado con pueblos y comunidades indígenas, como marca el articulo 2º de la Constitución e impulsó el líder de los diputados del Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira.
Monreal presentó fechas de las consultas, pero el coordinador de Acción Nacional (PAN), Elías Lixa, evidenció que esas fueron consultas para el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y la Constitución ordena consultar toda ley que les afecte.
La morenista Dolores Padierna reconoció que no hubo esa consulta, pues el artículo 43 de la Ley de Aguas dice que “los sistemas comunitarios de agua y saneamiento administrados por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas serán regulados por la Ley General Reglamentaria del artículo 2o. de la Constitución”.