El juez federal Adrián Aguirre Hernández, quien fue adscrito al Centro de Justicia Penal de Jalisco, solicitó que se acepte su renuncia, cargo que ejerció por menos dos meses.
Su solicitud fue turnada por el Órgano de Administración de Justicia al Senado de la República, cuyo pleno lo remitió ayer a la Comisión de Justicia para su dictaminación. Será el pleno del órgano legislativo el que decidirá si autoriza o no la separación del cargo.
De acuerdo al artículo 98 de la Constitución, solo el Senado puede avalar las separaciones del cargo a ministros, magistrados o juzgadores, pero son procedentes solamente “por causas graves”, en cuyo caso deberá ser autorizado por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República.
El juzgador Adrián Guadalupe Aguirre Hernández fue adscrito a mediados de septiembre al Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, con residencia en Puente Grande.
Apenas fue electo en urnas en la elección judicial de junio pasado, en la que obtuvo el 3.59% de los votos recibidos, unos 36,084 sufragios.
Aguirre se convirtió en el primer juzgador federal que busca separarse definitivamente de su cargo tras ser electo.
En su campaña, el juzgador ofreció “puertas abiertas para el pueblo" para escuchar las "inquietudes, dudas y preocupaciones, para que no haya incertidumbre respecto a sus asuntos”.
Aguirre Hernández es abogado egresado del Centro Universitario de Monterrey, cuyos estudios cuentan con reconocimiento de validez oficial de estudios por la Universidad de Guadalajara (UDG).
Tiene una maestría en Derecho Acusatorio y Adversarial por la Escuela Judicial del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco (2024-2025) y, de acuerdo con su currículum, fue practicante de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, donde realizó actividades como Auxiliar del Analista Jurídico.
Ahí realizó tareas de verificación de la integración correcta de los expedientes, clasificación y organización de documentos procesales y “apoyó en la digitalización de expedientes”.
Ayer en el Senado, al conocerse el caso, la senadora Claudia Anaya, del Revolucionario Institucional (PRI), mencionó: “Para quien piensa que la reforma judicial va requetebién, a dos meses de la toma de protesta de ‘los electos’ ha llegado al Senado una solicitud de licencia (misma que fue rechazada) y hoy llegó la primer renuncia”.
Antes que él, la primera jueza en pedir permiso para ausentarse fue la juzgadora Irlanda Gabriela Pacheco Torres, quien el mes pasado solicitó al Senado separarse del Juzgado al que fue asignada, aunque por seis meses.
Pacheco pidió irse medio año para terminar su encargo como directora general de la Evaluación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Su petición fue rechazada por el Senado..
Un tercer caso relacionado con el desempeño de los juzgadores es el del juez Alberto Sigales Obrador Garrido, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Colima y quien está suspendido para ser investigado ante posibles anomalías en la emisión de fallos que redujeron condenas de sentenciados en casos de tráfico de drogas.
