El Senado aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, con la se le dan más atribuciones a la Marina en materia administrativa, de seguridad pública y de vigilancia costera.
Durante la discusión, la oposición acusó que con esta ley –la cual sustituye la legislación vigente desde 2021– se continuará con la “militarización” del país y se consolidará “el dominio militar” sobre funciones civiles.
“Esta minuta no fortalece al Estado mexicano, lo somete aún más al poder de las fuerzas armadas. Es una pieza más de una estrategia que lleva años construyéndose: militarizar al país bajo el disfraz de seguridad nacional”, señaló la priista Carolina Viggiano.
La aprobación de la nueva legislación se da en medio de la polémica por la presunta participación de algunos integrantes de la Marina en la venta ilícita de hidrocarburos, conocido como "huachicol fiscal".
Por lo anterior, la senadora Alejandra Barrales señaló que el combate del "huachicol fiscal" no puede justificarse acosta de “militarizar” las aduanas ni se cargar sobre la Marina funciones ajenas a su esencia.
“La militarización no fortalece a las Fuerzas Armadas, sino las debilita, las expone y las desvía de su misión institucional (…) Creemos en un modelo de seguridad civil, con controles democráticos y con pleno respeto a la Constitución”, comentó la emecista.
Agregó que con esta nueva ley no se pretende modernizar a la Armada de México, sino justificar una mayor intervención militar.
Morena y aliados aseguraron por su parte que con esta reforma se busca la modernización de la Armada de México para la soberanía y la seguridad nacional.
"Esta nueva ley representa un impulso fundamental para modernizar el marco jurídico que rige a una de las instituciones más nobles, disciplinadas y comprometidas con el pueblo de México. La Armada de México ha estado donde más se les necesita, defendiendo nuestra soberanía y salvaguardando la vida humana en el mar", señaló la senadora Lizeth Sánchez.
Con 72 votos a favor y 31 en contra fue avalada esta propuesta –enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 6 de octubre pasado–, la cual faculta a la Armada de México a participar en la elaboración e implementación de las políticas de defensa cuando lo instruya el Mando Supremo (titular del Poder del Ejecutivo).
También se le permite a la Armada de México ejercer el derecho de vista y el derecho de persecución en la Zona Económica Exclusiva del país y en alta mar, para permitirles intervenir en contra de los delitos cometidos en los espacios marítimos de la nación.
Asimismo, la Armada de México podrá participar en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, así como en el empleo de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica para la conducción de operaciones militares en el ciberespacio.
“Esta disposición reconoce el papel de la Semar como integrante del Centro Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública (CNI), previsto en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Información en materia de Seguridad Pública, cuya competencia incluye la capacitación en ciberseguridad de sus integrantes”, argumenta la legislación.
La nueva ley crea la Jefatura de Operaciones Navales, la cual sustituye al Estado Mayor General de la Armada. La nueva organización estará integrada por subjefaturas, coordinadoras, secciones y los demás órganos administrativos y operativos que resulten necesarios para optimizar la planeación, coordinación, adiestramiento, ejecución y supervisión de las operaciones navales a nivel estratégico.
En la exposición de motivos se menciona que la nueva legislación es para armonizar la atribución de dicha armada con las tareas encomendadas, respecto al mantenimiento del Estado de Derecho y cumplimiento de las leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales.
La reforma fue enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.
