En la exposición de motivos de la reforma -aprobada con 106 votos a favor- se reconoce que la extorsión es un delito de alto impacto, cuya prevención y combate han sido “insuficientes” en todos los órdenes de gobierno.
Por lo anterior se menciona que este delito incrementó en los últimos años al pasar de un promedio de 18.8 casos diarios en 2018 a 29.7 en enero de 2025, y enfatiza que existe “disparidad” normativa en el país entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales, lo que provoca políticas públicas de combate al delito “deficientes”.
Además, sostiene que sus repercusiones no se limitan a la afectación individual, sino que afecta al patrimonio colectivo, la economía nacional e incluso, tiene impacto negativo en la estabilidad emocional y psicológica de las personas afectadas.
Al presentar esta reforma, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, comentó que con estas modificaciones el Congreso deberá unificar criterios y cerrar vacíos legales y proteja a la sociedad al establecerse un marco homogéneo y coordine a los tres nivele de gobierno para prevenir y sancionar la extorsión bajo un mismo modelo.
“Es un delitos que exige la mayor de nuestra atención, sus múltiples modalidades y la disparidad de legislaciones estatales han permitido que esta práctica se expanda como una sombra letal que sacrifica vidas, acaba con familias, invade hogares, negocios y comunidades y además no es incentivo para la actividad económica y comercial”, dijo el legislador.
El senador emecista Luis Donaldo Colosio mencionó que la realidad en materia de extorsión ha rebasado las acciones que han tomado los estados, por lo que mencionó que son necesarias las “capacidades” federales, como presupuesto, inteligencia y tecnología para combatirlo.
“Esto no se trata de invadir esferas ni imponer reglas a los estados menos de sustituir esfuerzos, por el contrario se trata de admitir que todos los niveles de gobierno tenemos un fin común y es terminar con el delito de la extorsión en México”, mencionó el senador.
En tanto, la senadora Karla Toledo Zamora comentó que no basta con cambiar una artículo de la Constitución, sino se necesita una ley general, con presupuesto y coordinada, porque “sino esta reforma será un fracaso”.
"Exigimos que la Ley General contra la extorsión incluya un registro nacional de casos, unidades especiales en las fiscalías, mecanismos de protección a las víctimas, sanciones a las autoridades y la participación activa de los municipios (...) No aceptaremos simulaciones ni discursos vacíos. Morena lleva años prometiendo la paz y la seguridad desde hace más de siete años", declaró la priista.
La reforma será discutida en congresos estatales, por lo que al menos 17 de ellos deberán aprobarla para que el Congreso de la Unión emita la declaratoria de constitucionalidad.
