La víspera, la consejera electoral Dania Ravel Cuevas informó del inicio de un procedimiento de la OIC en su contra –mismo que también es en contra de otros cinco consejeros y exconsejeros– por determinar a finales de 2021 la imposibilidad de seguir con la organización del proceso de revocación de mandato por el recorte presupuestal aplicado al INE.
La consejera advirtió que se trata de un grave precedente que se denuncie el ejercicio de una facultad de valoración jurídica de los integrantes del INE y se les pretenda sancionar por ello.
El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo esta mañana que pediría a Gutiérrez el retiro de la denuncia.
Monreal dijo que su partido no tiene el interés en afectar a algún consejero o exconsejero del instituto.
Gutiérrez Luna, quien en ese momento era presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y a la vez representante de Morena ante el INE, justificó que haya procedido de esa forma en contra de los consejeros.
La razón, expuso, era evitar que se suspendiera un procedimiento constitucional, como la consulta de revocación de mandato.
“Era una decisión grave y había que tomar algunas acciones. Posteriormente, el Tribunal Electoral resolvió que efectivamente el INE no tenía facultades para suspender la revocación de mandato”, comento el morenista.
“A nuestro juicio ya no habría materia del tema. Nuestro juicio es un asunto superado. A nuestro juicio es algo que ya ahorita no viene al caso. Desconocemos las razones del órgano interno de control para reactivar eso o no sé”, comentó Gutiérrez en entrevista.
Adelantó que enviará una carta al OIC para explicar “que el objetivo de la denuncia en aquel momento, hace cuatro años, tenía como propósito que se llevara a cabo”.
También descartó que haya buscado “amordazar” a los consejeros del INE o haya exagerado con su denuncia: “Yo creo que todos los actos de cualquier autoridad, lo dije hace un momento, son susceptibles de ser analizados”.
Cuestionado respecto a que ahora fue la Secretaría de Hacienda (SHCP) la que impediría realizar una consulta popular en 2026 al no incluir en el Paquete Económico 2026 la solicitud del INE para contar con un presupuesto precautorio para un proceso de ese tipo, Gutiérrez Luna dijo desconocer el asunto.
El INE avaló un presupuesto precautorio –como se lo ordenó la Corte- por 3,000 millones de pesos en 2026 de forma preventiva, por si hay una consulta popular.
Sin embargo, Hacienda tuvo remitirla a la Cámara de Diputados como parte del PEF 2026, dado que el INE es un órgano autónomo sobre cuyo presupuesto no puede incidir, pero no lo hizo.
