“La Secretaría de Gobernación convocó a escuchar a las familias hablar del tema (de desaparecidos) sin metodología, sin agenda, pero no para abordar las preocupaciones en torno a la reforma”, sostuvo Jorge Verástegui González.
El activista y familiar de Antonio y Antonio de Jesús, su hermano y sobrino desaparecidos en Parras, Coahuila, el 24 de enero de 2009, aseguró que los legisladores no leyeron las reformas que avalaron a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, además de la Ley General de Población.
“A lo mucho leyeron el oficio que les remitió la Secretaría de Gobernación donde justo les dice que estuvieron tres meses dialogando sobre la reforma, cosa que no es cierto y que lo denunciamos desde hace mucho tiempo”, dijo.
De por sí, expuso, iba a pasar su reforma “bueno, ayúdenos al menos a tener mejores instituciones para la búsqueda”, pero no fue así.
Informó que todo eso se está documentando en la denuncia que se tiene ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por la negativa a aplicar una estrategia efectiva de búsqueda de personas.
“Estamos trabajando en otro documento en que se analizan (las reformas) dando cuáles fueron los cambios de la propuesta original a la propuesta presentada por Segob, para hacer un cuestionamiento de que las mesas que hicieron en realidad no fueron para consultar la reforma”, dijo.
A su juicio los diálogos se hicieron para legitimar reformas para acopiar datos ciudadanos, a través de la CURP biométrica, pero cuyo resguardo no está garantizado.
“Es muy preocupante que en una sola plataforma se pueda tener registro de lo que hace cada una de las personas en México, ¿a qué restaurantes vamos, si nos vamos de vacaciones en avión, en autobús, dónde compramos gasolina, dónde hacemos el súper? Que ese es el objetivo de esta plataforma”, reclamó Verástegui.
Eso no servirá para buscar a los desaparecidos y además someterá a los mexicanos a riesgos a su seguridad, estimó.
“Van a parar seguramente con ciberdelincuentes o nos los podemos encontrar a la venta en algún tianguis en la Ciudad de México o siendo utilizados de manera indebida por servidores públicos. Digamos, el riesgo es muy amplio'', agregó.
“Hay que recordar que en los últimos meses ha habido una cantidad impresionante de hackeos a la Sedena, a las fiscalías, incluso a la misma presidenta (Claudia Sheinbaum) en su teléfono”, recordó.
A la protesta se sumaron activistas defensores de la protección de datos personales.
