De acuerdo con documentos judiciales obtenidos y revelados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las operaciones fueron detectadas como parte de la demanda civil que el gobierno mexicano presentó en 2021 en una corte de Florida contra Samuel y Alexis Weinberg, a quienes las autoridades mexicanas identifican como prestanombres de García Luna.
El objetivo de la querella era recuperar recursos públicos desviados a través de Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc mediante contratos otorgados por el extinto CISEN y el sistema penitenciario federal durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El 12 de junio de 2024, la jueza Lisa Walsh, a petición del despacho legal de la UIF, solicitó mediante carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que obtuviera información sobre la cuenta terminación 5306 de Vector Casa de Bolsa en Citibanamex.
Dos meses después, el 9 de agosto, la UIF pidió a los Weinberg entregar documentación que permitiera esclarecer el destino y propósito de 35 transferencias realizadas desde una cuenta en el Occidental Bank de Barbados.
Los hermanos Weinberg respondieron que no contaban con documentos sobre esas operaciones y señalaron que la solicitud debía dirigirse directamente a Nunvav, empresa que también es parte demandada en el proceso.
Sin embargo, los expedientes no contienen evidencia de que la compañía haya explicado el destino de los recursos ni el uso final del dinero una vez depositado en la cuenta de Vector.
El caso concluyó el 9 de junio de 2025, tras un acuerdo entre la UIF y los Weinberg que incluyó el otorgamiento de un criterio de oportunidad en México para que ambos colaboraran como testigos ante la Fiscalía General de la República.
MCCI señala también que, en paralelo, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) sancionó el jueves a Vector, CIBanco e Intercam por facilitar operaciones de lavado de dinero para organizaciones criminales, incluidos los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva.
Según FinCEN, una empresa de García Luna transfirió más de 40 millones de dólares a Vector entre 2013 y 2019, fondos presuntamente vinculados al pago de sobornos del Cártel de Sinaloa. También se documentaron pagos por un millón de dólares a empresas chinas que exportaron precursores químicos con fines ilícitos.
La agencia estadounidense realizó un análisis de riesgo basado en información confidencial y datos públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En dicha evaluación, Vector ocupó el segundo lugar nacional por volumen de activos asociados a posibles actividades ilícitas, lo que evidencia —según FinCEN— deficiencias graves en sus mecanismos contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
