Senadores de la oposición reclaman que esta reforma impulsada por Javier Corral es “excesiva”, pues incluye un monitoreo a legisladores, juzgadores, fiscales, policías, sindicatos, partidos políticos, secretarios de Estado y todo tipo de servidores públicos, a quienes se les conocerá “Personas Políticamente Expuestas” (PEP).
En la reforma se menciona que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que elaborará y mantendrá actualizado un listado de personas servidoras públicas clasificadas como PEP.
En esta legislación se define a las “Personas Políticamente Expuestas” como aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a quienes están relacionadas con ellas.
También se menciona que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinará sus funciones con las de la Guardia Nacional para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
De igual forma, estas instituciones establecerán programa de capacitación, actualización y especialización para evitar dicho delito.
En la discusión solo pasó una reserva de Morena, la cual fue presentada por la senadora Lucía Trasviña para eliminar una modificación relacionada con el financiamiento al terrorismo.
En la exposición de motivos se menciona que esta reforma busca cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en el Informe de Evaluación Mutua (IEM) publicado en enero de 2018, donde se reconoce que México cuenta con un marco legal e institucional sólido, así como con un sistema maduro para la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Durante la discusión, el panista Francisco Javier Ramírez Acuña mencionó que con esta reforma se corre el riesgo de convertir a todos en sospechosos y de abrir la puerta al abuso burocrático y criminalizar sin distinción.
“El dinero sucio alimenta redes de violencia, financia la corrupción y destruye los cimientos de una economía sana, combatirlo es un deber y lo asumimos con responsabilidad, pero hay algo que es un deber que es no confundir el combate a los delitos con el debilitamiento del Estado de Derecho, no podemos permitir que esta causa legitima sea usada como caballo de troya para imponer vigilancia sin controles”, dijo el panista.
La senadora Alejandra Barrales recordó que esta reforma se presenta en un contexto donde Estados Unidos informó que detectó tres instituciones financieras de México relacionadas con el lavado de dinero; además de que el país vecino nombró a los cárteles mexicanos como grupos terroristas.
“El impulso de este dictamen evidentemente no es una casualidad (…) Hemos denunciado un modus operandi de la mayoría legislativa, donde al amparo de supuestamente combatir demandas que son sensibles a la población, incluyen una serie de medidas que siempre ponen en riesgo nuestra privacidad como ciudadano”, declaró.
La senadora Claudia Anaya Mota enfatizó que se militariza más la Administración Pública y recordó que Estados Unidos detectó a tres bancos usados para el lavado de dinero por parte de cárteles mexicanos, entre los que sobre sale la institución financiera Vector, la cual fue fundada por Alfonso Romo.
Por su parte, el verde ecologista Luis Alfonso Silva aseguró que esta reforma busca combatir el crimen organizado y aclaró que no se otorga facultades penales a la Guardia Nacional, y enfatizó que esta ley busca evitar que el sistema financiamiento y económico sea utilizado para fines ilícitos.
