Con la reforma se eliminan los derechos e impuestos existentes para Pemex (el Derecho de Utilidad Compartida, de extracción y explotación de Hidrocarburos y el Impuesto sobre la Renta por los ingresos que se obtengan de esas actividades), los cuales son sustituidos por un nuevo pago llamado “derecho petrolero para el bienestar”.
Este nuevo pago tendrá una tasa de 30% para el petróleo y de 11.63% para gas no asociado. Esto, según la reforma, dotará de recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se use “para el bienestar de los mexicanos”.
Los legisladores de la oposición criticaron este nuevo régimen fiscal al señalar que el cálculo de este se basa en “fórmulas opacas y sin deducciones”, lo que puede dejar, señalan, un boquete fiscal “muy peligroso” para las finanzas del país y de los estados.
“El oficialismo nos ha vendido la idea de que con este paquete de reformas Pemex será́ el motor de la economía mexicana, pero la realidad es otra. Es que al día de hoy la empresa sigue siendo un agujero negro para las finanzas del país, en lugar de invertir en infraestructura, en bienestar social, en salud, educación o en seguridad, el dinero se sigue yendo a una empresa quebrada”, declaró el priista Miguel Ángel Riquelme.
El senador panista Juan Antonio Martín del Campo también criticó el nuevo régimen fiscal de Pemex: mencionó que esta reforma tiene implicaciones como poner en “riesgo” la recaudación federal, por lo que –apuntó– se afectará el presupuesto público y programas sociales, además de disminuir la transparencia en la toma de decisiones en materia de energía, pues se concentrarán las funciones de la CNH en una secretaría de Estado.
“En lugar de seguir reduciendo la carga fiscal sin exigir mejoras en la eficiencia y la transparencia pública en lo que es Pemex, deberíamos enfocarnos en una reestructuración integral de lo que es la empresa y el combate frontal, precisamente a lo que es la corrupción”, declaró el panista.
En caso contrario, la senadora petista Lizeth Sánchez comentó que la reforma tiene “una visión de Estado” con el fin de garantizar la soberanía energética y fortalecer a Pemex para que sea “el pilar del desarrollo nacional”.
“Ese cambio no significa una disminución en la recaudación, sino una restructuración óptima de los ingresos derivados de los hidrocarburos. Un Pemex más fuerte significa más empleos y mayor producción y en consecuencia mayores ingresos a largo plazo para el país”, mencionó la senadora.
