Sheinbaum propone modificar el artículo 25 constitucional para establecer que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deben implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
Para lo anterior, se facultará al Congreso -a través de una reforma al artículo 73- para expedir una nueva ley nacional en la materia en la que se establezcan los principios y obligaciones a los que deberán sujetarse los órdenes de gobiernos en materia de simplificación, digitalización y fortalecimiento de capacidades.
Esta nueva norma, que la presidenta Sheinbaum anunció como Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, será expedida en un plazo no mayor a los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de las reformas a los artículos 25 y 73 de la Constitución.
Deberá considerar un modelo nacional de simplificación y digitalización de trámites y servicios; establecer la autoridad nacional en esta materia, y prever las herramientas para estas tareas.
“La presente iniciativa es crucial para nuestra nación, ya que unificará y sistematizará los esfuerzos de simplificación y digitalización a nivel municipal, estatal y federal. Lo anterior, permitirá llevar a cabo acciones para reducir trámites, requisitos y tiempos de respuesta, así como proporcionar mayor certidumbre, transparencia y trazabilidad en los trámites administrativos”, señala la propuesta.
En la conferencia mañanera del pasado 30 de enero, José Merino, titular de la Agencia Digital, explicó que una vez que los legisladores avalen esta reforma constitucional, el gobierno federal presentará la iniciativa que abrogue la Ley General de Mejora Regulatoria y se expida la nueva Ley Nacional de Simplificación y Digitalización.
Merino explicó entonces que los objetivos de esta nueva ley son homologar trámites, requisitos, tiempo de resolución y proceso de atención en los tres niveles de gobierno.
También que el mismo trámite ocurra con las mismas características en todos los lugares; eliminar trabas a personas y empresas; mantener buenas prácticas regulatorias, y facilitar que las personas accedan a lo que tienen derecho.
