"Más o menos van a ser como 40 leyes reglamentarias las que tendremos que modificar con motivo de las reformas que hicimos en el periodo pasado”, declaró el coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
Para que se apliquen los cambios a la Carta Magna es necesario que existan nuevas leyes o se modifiquen las ya existentes. De las 16 reformas constitucionales aprobadas el periodo anterior, dos ya cuentan con sus leyes secundarias, es decir, que faltarían las normas complementarias de 14.
Sociales
La mayoría de los cambios legislativos serán de tipo social. De la 14 reformas que faltan por reglamentar, siete pertenecen a este sector. Una de ella es la Ley del Infonavit, la cual reglamentará la modificación al artículo 123 de la Constitución, que señala que el Instituto puede construir y arrendar viviendas para los trabajadores.
A decir de los legisladores, esta será la primera que discutan y aprueben. Monreal explicó que desde el arranque del periodo de sesiones, el pleno de la Cámara baja discutirá y votará esta modificación a la Ley del Infonavit, por lo que ya iniciaron con mesas de trabajo con empresarios y trabajadores para analizarla.
La reforma en esta materia, cuestionada por la oposición y varios sindicatos, incluidos afines a la llamada 4T, actualmente plantea mayor control por parte del gobierno federal al modificar la integración de los órganos internos del Infonavit.
También está pendiente que los legisladores aprueben modificaciones que reglamenten la implementación de la pensión para adultos mayores de 65 años, y para las personas con discapacidad permanente menores de 65 años. Para ello, deberán modificar la Ley General para la Inclusión de la Personas con Discapacidad y la Ley General de Desarrollo Social.
Otras reformas secundarias que se impulsarán son las que reglamenten el artículo 2 de la Constitución, donde se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Estas modificaciones serán a la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
En el listado también están las reformas para normar la modificación constitucional que protege a los animales. Para ello, los legisladores deberán expedir la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.
Políticas
Una de las principales reformas será para reglamentar la desaparición de los siete órganos autónomos que son la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora De Energía (CRE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Para ello, se deberán modificar siete reformas que son: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Ley Federal de Competencia Económica, Ley de la Industria Eléctrica, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión, Ley Reglamentaria del Artículo 3º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Mejora Continua de la Educación y la Ley de Hidrocarburos.
Seguridad
En materia de seguridad están las reformas que deberán normar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Para ello, los legisladores tendrán que modificar la Ley de la Guardia Nacional, Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y el Código Militar de Procedimientos Penales.
En los transitorios de esta modificación constitucional se fija que, dentro del plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, que fue el 1 de octubre de 2024, el Congreso deberá armonizar el marco jurídico en la materia.
También faltan las modificaciones en materia de prisión preventiva oficiosa. En noviembre, los legisladores avalaron que la extorsión, contrabando y actos relacionados con el fentanilo y los falsos comprobantes fiscales, ameritarán encarcelamiento automático, por lo que será necesario que se modifiquen el Código Nacional de Procedimiento Penales y el Código Fiscal de la Federación.
De igual manera están las reformas que reglamentarán el incremento de facultades que le dieron los legisladores a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Ahora, senadores y diputados deberán modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Transporte
En materia de transporte, los legisladores avalaron en octubre una reforma al artículo 28 de la Constitución para permitir al gobierno otorgar asignaciones a empresas públicas para retomar el derecho de utilizar las vías ferroviarias en el transporte de pasajeros. Para su implementación será necesario que se modifiquen la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Energía
En materia de energía está la reforma constitucional en la que se establece que la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos (Pemex) vuelven a operar como empresas públicas. Para normar su aplicación se harán cambios a la Ley de Petróleos Mexicanos, a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y a la Ley de la Industria Eléctrica.
