Los recortes
De todos los ajustes a la baja destaca el recorte al Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que pidió, para realizar la elección de cargos judiciales en junio de 2025, un total de 13, 205 millones de pesos.
Pero se propone rechazar esa petición de gasto y ajustar a la baja otro poco, con un recorte global de 13, 476 millones de pesos.
Aunque la Cámara de Diputados mantuvo intacto su gasto, propone aplicar rectores a los demás entes del Poder Legislativo y además al Ejecutivo y al Judicial.
Al Poder Legislativo en su conjunto se le reducirían 540.5 millones de pesos, de ellos al Senado se le aplicarán -se propone- 123.9 millones de pesos menos y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 416.6 millones de pesos.
Al Judicial se aplicará el mayor recorte, en total 14, 042 millones de pesos, de ellos al Consejo de la Judicatura se reducirán 13, 117 millones de pesos y a la SCJN 714.4 millones de pesos.
A la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se plantea un ajuste a la baja de 210.6 millones de pesos.
Y asignan más recurso a Sedena
Además de las universidades, y el gasto en infraestructura que ejercerá la Secretaría de Comunicaciones, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se propondrán ampliaciones a su gasto por otros 6, 292 millones de pesos, para un gran total de 158, 287 millones de pesos a ejercer en 2025.
A la Secretaría de Hacienda se plantea reasignar 1,106 millones de pesos extra, pero producto de recursos de la Financiera para el Bienestar.
En el predictamen se establece que la Financiera para el Bienestar transferirá los recursos humanos, materiales y financieros relacionados con estas actividades a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como a la Comisión Federal de Electricidad en el ejercicio fiscal 2025.
A la Secretaría de Agricultura se le ampliarían 898.5 millones de pesos para su gasto.
A las secretarías de nueva creación, la de Mujeres y la de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación tendrán, como se aprobó en noviembre, los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten el Instituto Nacional de las Mujeres, y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.