Los delitos que fueron incluidos como ilícitos graves merecedores de prisión preventiva oficiosa son: extorsión y los relacionados con drogas sintéticas como el fentanilo.
Eso incluye la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento, así como la distribución de precursores y de químicos esenciales empleados para la fabricación de esas sustancias.
Además el contrabando, la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley.
Tras casi ocho horas de debate, el diputado Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, propuso –y se aprobó– eliminar dos delitos que estaban incluidos en el dictamen original: la defraudación fiscal y el narcomenudeo.
La explicación para retirar el narcomenudeo fue que en Morena optarán por dar “un tratamiento social” a ese delito.
La exclusión de la defraudación fiscal como delito grave que amerita cárcel preventiva oficiosa se debió, explicó Monreal, a que se ha platicado con diversos sectores económicos y “en este momento se necesita unidad nacional”.
Una tercera reserva aceptada fue para que no sólo haya prisión preventiva oficiosa para los distribuidores de precursores de drogas sintéticas sino también de “químicos esenciales” que tienen el mismo fin.
Admite Morena crisis por extorsión
Las bancadas de Morena y aliados defendieron la enmienda ante el incremento del delito, sobretodo el de extorsión, que consideraron un cáncer social.
“La verdad, es que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, lo necesitamos”, admitió el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy.
“La extorsión, en su modalidad de pago de piso, es un cáncer en este momento para la sociedad mexicana, para los empresarios, para los trabajadores, para los productores, para los comerciantes, para los gobiernos municipales y se debe de sancionar”, dijo.
De igual modo el partido del Trabajo (PT) admitió que “la extorsión es un impuesto criminal":
"Los criminales confiscan ingresos legítimos de millones de mexicanos. Hay organizaciones delictivas que han construido un imperio criminal, cobran extorsión por el huevo, por el pollo, por la carne, por el refresco, por el cemento”, señaló Ricardo Mejía Berdeja.
Hasta el PVEM denunció, en voz de Erika Santana, que sus compañeros empresarios y sus empleados son extorsionados y son los criminales quienes rigen el mercado,
“En un estudio reciente del Senado de la República revela que, entre enero del 2018 y octubre del 2023, la incidencia en la extorsión en nuestro país aumentó en un alarmante 26%. Por su parte, el delito de narcomenudeo ha registrado un incremento del 28% en el mismo periodo”, dijo la diputada verde.
La oposición admitió la ola criminal en México pero argumentó contra la reforma no porque no busque perseguir el delito, sino porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a México modularla; que no sea una medida generalizada.
La CIDH sentenció que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos pues es contraria al derecho de libertad personal y va en contra de la presunción de inocencia, pues se mantiene encarcelados durante años a los presuntos responsables, sin pruebas ni sentencia que los determine como culpables.
Diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y MC alertaron que la prisión preventiva oficiosa es el arma usada para fabricar delitos y perseguir a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
