Durante la discusión, tanto legisladores de PAN como de Morena se confrontaron, pues los primeros rechazaron que se mandara a la Guardia Nacional a la Sedena, ya que aseveraron que eso iba a "militarizar al país", por lo que pidieron que hubiera una policía civil en los tres órdenes de gobierno para combatir la inseguridad.
"El problema es que el Ejército sea el primer respondiente, cuando el primer respondiente debe ser una policía civil y no militar. En todo caso, el acompañamiento de nuestras Fuerzas Armadas tiene que ser hasta el último momento, porque lo que se está haciendo dilapidar ese buen prestigio que tiene las Fuerzas Armadas y exponiéndolas a la corrupción, a la complicidad", dijo el panista Marko Cortés.
La morenista Andrea Chávez mencionó, con sarcasmo, que los "policías tan buenos en la calle y honestos, como Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, Iván Reyes Arzate'', ex mandos policiales que han sido acusados de diversos delitos.
Mientras, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que con esta reforma se institucionalizará el uso de la fuerza militar en tiempos de paz, lo que es contrario, dijo, a los principios nacionales e internacionales de derechos humanos que exigen que la seguridad publica sea garantiza por fuerzas civiles.
"Permitir una mayor participación o injerencia de las fuerzas armadas, en este caso de la Guardia Nacional ya 100% militarizada, en tareas de seguridad pública en tiempos de paz convierte en permanente lo temporal de la militarización de funciones que deben estar bajo control civil, regula el militarismo, va en contra de los principios internacionales", dijo.
¿En qué consiste la reforma?
El dictamen reforma los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, cambios con los que se busca que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.
Estas modificaciones señalan que la Federación contará con la Guardia Nacional, que estará integrada por personal de origen militar y con formación policíaca, y dependerá de la Sedena para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Además, se transferirán a la Sedena los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, y establece que será el presidente de la República quien nombre al comandante de la Guardia Nacional, pero a propuesta del titular del Ejército.
También señala que la investigación de los delitos le corresponderá al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional.
Mientras, el personal procedente de la extinta Policía Federal dejará de prestar sus servicios a la Guardia Nacional y quedará adscrito a la Secretaría de Seguridad y conservarán sus derechos laborales adquiridos.
La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y el Congreso de la Unión tendrá 180 días para armonizar el marco jurídico en esta materia, es decir, expedir las leyes secundarias relacionadas con la Guardia Nacional.
Esta modificación constitucional la presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero después de que en abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas secundaria -avaladas por Morena- que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.
