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Reforma a la GN provocará más opacidad e impunidad, alertan organizaciones

La reforma se concretará por iniciativa presidencial para que la militarización de la seguridad púbica sea permanente y sin control del Legislativo y el Judicial.
jue 19 septiembre 2024 04:40 PM
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Imagen ilustrativa. Recorrido en Puente de Ixtla, Morelos, de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

La reforma constitucional que se discutirá y votará en la Cámara de Diputados entre hoy y mañana dejará a la Guardia Nacional fuera de control del Poder Legislativo y su actuación, en caso de incurrir en delitos o violaciones a derechos humanos, estará fuera del control del Poder Judicial, alertaron organizaciones de la sociedad civil y legisladores de oposición.

Además, evidenciaron que la reforma eliminará la obligación del Ejecutivo de rendir informes semestrales al Congreso sobre el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y la evaluación legislativa sobre esos resultados, junto con las 32 entidades, para planificar el regreso de los militares a los cuarteles.

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También, agregaron, ya no habrá una comisión bicamaral del Congreso que revise esos resultados, incluso con comparecencia de titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Ahora la reforma establece que si elementos de la Guardia Nacional cometen delitos o incurren en acciones violatorias de derechos humanos ya no podrán ser juzgados por civiles, sino que estarán sujetos al fuero militar, advirtió Eduardo Guerrero, del Centro Pro de Derechos Humanos.

La Cámara de Diputados inició este 19 de septiebmre la discusión de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el cinco de febrero, por la que se busca reformar y adicionar 12 artículos de la Constitución para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y pueda realizar tareas de seguridad pública de forma permanente.

En rueda de prensa, un grupo de organizaciones alertaron que la reforma va mucho más allá que eso y sus características más regresivas son la nueva facultad presidencial de usar a la Guardia Nacional en cualquier momento para labores de seguridad. También contará con nuevas facultades de investigación sin control judicial y la eliminación de un plan para desmilitarizar la seguridad.

Marisol Méndez, de Fundación para la Justicia, recordó que la GN está entre las autoridades que más violan derechos humanos, pues existen 1,772 expedientes abiertos por ese tipo de casos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, relató al menos tres fallecimientos atribuidos a la GN y un atentado. Entre las víctimas está Hugo Chávez Avendaño, muerto en supuesto fuego cruzado; la joven Mariana Flores Pizano, de 15 años; Felipe García, agredido directamente por la GN y María Pérez Caballero, cuyo vehículo fue perseguido y baleado por la Guardia.

En total se tienen documentadas diez víctimas mortales de la GN, el ejército y otras instituciones, pero ante esas conductas la intitución aplica un modus operandi: las conductas son negadas públicamente, luego al rendir informe ante la autoridad. Después hay negación de información ante el Ministerio Público y el encubrimiento desde los mandos superiores

Ramos “Tenemos un Poder Judicial debilitado y un poder militar empoderado” estableció Eduardo Guerrero, del Centro Pro.

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Sin embargo, eso ahora eso se agudizará –advirtió- pues en la reforma “se establece que en caso de violaciones a derechos humanos o delitos la GN rendirá cuentas –entre comillas– ante los tribunales militares, pero el Ejército es una institución opaca que no rinde cuentas y sumado a la Reforma Judicial”.

“No habrá posibilidad de que haya justicia para víctimas, serán militares juzgando a militares”, insistió.

En la Cámara de Diputados, acompañando a la bancada de Movimiento Ciudadano, Data Cívica, a través de Mónica Meltis Béjar directora ejecutiva, alertó que se suprimen mecanismos de evaluación del Poder Legislativo sobre la GN.

“Hoy la Constitución obliga al Ejecutivo Federal a rendirle cuentas al Congreso cada seis meses sobre su uso del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tareas de seguridad pública. Una comisión bicamaral debe revisar este informe y la propuesta de reforma no contempla ningún mecanismo de seguimiento al parlamento”, abundó.

Jonathan de Vicente, de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), explicó que al eliminar del articulo 129 de la Constitución la frase “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” quitará un candado democrático que impedía a quien ostente la presidencia mandar la fuerza militar a todo lo que quiera.

MUCD junto con Intersecta documentó que de 2006 a la fecha hay más de 200 funciones y presupuestos de origen civil que ahora son destinados y controlados por las Fuerzas Armadas, quienes tienen ya 30 empresas de participación estatal mayoritaria.

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de su coordinador, Rubén Moreira, recordó que esa comisión bicamaral "funcionó nunca”, pero ahora ni siquiera se tendrá como mecanismo de control.

Además, alertó que con la reforma “el ejército va a poder investigar a quien sea sin el Ministerio Público": "Eso es lo que sucede en las dictaduras que un día llegan y abren tu casa (y dicen) ´aquí traigo una investigación´”.

Es por esto que el priista aseguró que incluso en la bancada de Morena hay división y pueden esperarse votaciones disidentes, pues lo que se discute es la militarización.

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