La modificación del artículo segundo de la Constitución es parte del paquete de 18 reformas constitucionales y legales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y tras su aprobación en general hubo festejos, pero también críticas porque legisladores se presentaron como indígenas, sin serlo.
Entre otros avances en la reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos dictaminada se prevé que estos deben tener a acceso a becas, programas, a servicios de salud, el derecho a participar en la construcción de los modelos educativos y el reconocimiento a su propiedad intelectual en materia artística, medicinal y otras.
Además se incorpora su derecho a la consulta libre, previa, informada cuando se pretendan tomar decisiones que les impacten significativamente en su vida o entorno y el reconocimiento a sus sistemas normativos.
El dictamen garantiza el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, para tener acceso a la justicia, entre otros elementos.
Pese a estos avances, en el dictamen no se establece la obligación de dotar de presupuesto específico para hacer realidad todos esos cambios, para crear instituciones, tener intérpretes en lengua indígena o la nueva disposición que obliga a promover una política lingüística multilingüe
Para la aprobación del dictamen se tuvo la valoración del impacto presupuestario realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) en la que se estableció que las modificaciones para promover las lenguas indígenas, la medicina tradicional, y garantizar el acceso a la justicia, entre otros aspectos, requerirán presupuesto.
Por el contrario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo la opinión de que carece de impacto presupuestario, pues el dictamen dice que todos los derechos deben ser garantizados con cargo al presupuesto ya asignado a las dependencias respectivas.
Ante la contradicción la Comisión estableció que “dejando a salvo el buen nombre del CEFP, se estima que la opinión no representa una postura fiable, decantándose esta Comisión por la opinión de la Secretaría de Hacienda. Incluso, los Diputados que integran esta Comisión ponderan que, pese a que la iniciativa pudiera tener impacto en las finanzas públicas, la reivindicación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas son preferentes, máxime que no se han determinado”.
Tras la aprobación hubo festejo de legisladores e invitados de comunidades indígenas pero también uno de los presentes, proveniente de Puebla, denunció que hay legisladores electos que se presentaron como indígenas para llegar a un cargo y no cumplen con los criterios de autoadscripción por lo que “no nos representan”
