Luis Tapia, profesor de la Universidad Iberoamericana, consultor y exasesor del Centro Pro de Derechos Humanos, alertó también: “sí hay corrupción en Poder Judicial, eso sí, y también en poderes ejecutivos y legislativos. La corrupción, ¿cómo se combate? Con mecanismos diseñados para ello, como el sistema nacional anticorrupción. Pero por cierto no se combate con voto popular porque si no, no habría corrupción de funcionarios hoy electos por voto”.
El experto centró sus argumentos en los riesgos para los derechos humanos, tanto de los ciudadanos, pues los jueces podrían dejar de obedecer a las pruebas para guiarse por otros criterios, y para los derechos de los juzgadores, pues podrán ser acusados de encubrir a personas imputadas sin presentar pruebas.
“Los juzgadores no deberían de tener temor de declarar ilegales detenciones cuando policías privaron de libertad a personas, torturaron, ingresaron a casas sin orden judicial, intervinieron comunicaciones ilegalmente en realidad estas reformas son riesgosas para los derechos humanos de las personas”, alertó.
Además recordó que la Relatoría de las Naciones Unidas para la independencia del Poder Judicial ha planteado que ve en México y en particular en un espacio de las conferencias presidenciales llamado “jueces que favorecen a delincuentes”, un posible uso abusivo de canales gubernamentales “para calificar a los operadores de justicia como corruptos y delincuentes en un contexto en el que involucraría hostigamiento e intento de influir” en sus decisiones.
La reforma, consideró, no debería plantear, de entrada, “la idea que toda orden de libertad de una persona es un acto de corrupción (y) la propuesta actual surge en ese ambiente”.
Laurence Patin, de la Fundación para la Justicia, vio algunas ventajas en la creación del Tribunal, pero vio riesgos que deben atajarse. Por ejemplo, las causales propuestas en la iniciativa para investigar y en su caso sancionar a los funcionarios judiciales son muy generales y ambiguas, lo que puede desatar una “cacería de brujas”.
Esto porque se proponen como causales los “actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia´ que incluyen, entre otros, actos u omisiones de complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes y eso es muy general, es preocupante y abre la posibilidad de investigar a las personas juzgadoras si sus sentencias no gustan”.
Puso de ejemplo el término “interés público”, mismo que es “especialmente problemático, porque la principal responsabilidad de las personas juzgadoras es velar por los derechos humanos de las personas y no por el interés público”.
Si un gobierno municipal expropia los terrenos de una comunidad campesina para la construcción de una obra pública, “el interés público podría ser que el Estado pague la menor cantidad de recursos públicos por ese terreno. Pero si la comunidad acude a un juzgado para hacer valer sus derechos, la responsabilidad de la persona juzgadora será garantizar que reciban una justa indemnización”, con lo cual se muestra que los derechos de las personas quedarían en riesgo.
“Por ello, proponemos que se quiten estas causales y se haga referencia a las causales referidas en la Ley general de responsabilidades administrativas”, planteó la experta.
Agregó la propuesta de que al menos los integrantes del Tribunal de Disciplina no sean electas vía el voto popular, sino mediante una revisión de perfil y por concurso.
“Que el tribunal disciplinario no sea una santa inquisición persecutoria”, planteó la magistrada Flor del Rocío Arrieta Méndez, quien dijo que transmutar al CJF en Tribunal disciplinario “más que una mejora es una demolición del sistema actual”.
Contrapropuso varios elementos para efectivamente combatir la corrupción y mejorar la impartición de la justicia: por ejemplo, ampliar la representación del Consejo de la Judicatura Federal para incluir académicos, representantes de la sociedad civil y consejos de profesionales, como recomienda el Consejo de Europa.
También garantizar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial para evitar presiones desde otros poderes; más medidas para garantizar paridad de género en el poder judicial y mejorar mecanismos de rendición de cuentas ante la sociedad sin comprometer la independencia Judicial, por ejemplo con indicadores de eficiencia en el tiempo de resolución de casos y el número de estos; mejorar la calidad y claridad de las sentencias.
Además ir por reglas de integridad como obligar al cumplimiento de normas éticas, como declaraciones patrimoniales y con ello habría “evaluación objetiva del desempeño judicial sin interferir en la independencia de las instituciones”
“Nosotros no, no estamos para hacer reír a nadie, no somos chistosos ni populares, somos a las personas a las que el pueblo acude cuando la situación es grave. Igual que el médico que te operó a corazón abierto o que opera tu cerebro. El bisturí de los derechos humanos es tan peligroso que no se puede poner en manos de ningún aprendiz ni de ninguna persona que no esté comprometida con los derechos de la gente”, dijo la magistrada de circuito Selina Avante Juárez.
Según sus datos “0.7% del total del poder judicial ha tenido algún indicio de corrupción” y eso indica que “si mi licuadora funciona no la debo tirar”.
