Estudio del INEGI pone lupa a legislativos estatales; destaca la CDMX en omisión

Pero tampoco hubo comparecencias en congresos que al menos antes de las elecciones aún estaban dominados por partidos que a nivel federal son oposición.

Destaca también que en el Congreso Federal reclamaron la presencia de funcionarios en comparecencia y denunciaron que el bloque de la llamada Cuarta Transformación se opuso.

También se presentó falta de comparecencias en los de Guanajuato y Yucatán, dominados por Acción Nacional (PAN), y Jalisco controlado por Movimiento Ciudadano o Nuevo León, donde el Revolucionario Institucional (PRI) y PAN tienen mayoría.

De acuerdo al CNPLE 2023, durante 2022, los Congresos Estatales ejercieron un presupuesto de 15,291 millones de pesos, 3.1 % más que en 2020 y su productividad expresada en iniciativas y reuniones, entre otras, arrojó que se dejaron de atender temas que, en cambio, dominan en campañas.

Los temas que menos se trataron en las comisiones legislativas de todos los congresos locales –y por tanto de menor interés de los diputados– fueron: la búsqueda de personas desaparecidas (que sólo se abordó en comisiones en cuatro casos), seguida de otras cuatro temáticas escasamente tratadas, reinserción social, (9); combustibles y energía (9), así como atención a víctimas (12).

En cambio, los asuntos financieros y hacendarios fueron los más frecuentemente abordados, atendidos en 56 ocasiones, seguido de justicia con 45; arte, cultura y otras manifestaciones sociales 43; desarrollo urbano y vivienda 42; gobierno y política interior 40; prácticas parlamentarias 40 y derechos humanos 39.

De acuerdo con el INEGI, “al cierre del último periodo reportado” –que en unos Congresos fue en 2022 y en otros 2023– hubo congresos estatales que ni siquiera dieron información sobre el número de sesiones de comisión y asuntos tratados, pues “no contaron con datos o elementos para responder”.

Entre ellos el Congreso de la Ciudad de México, el que posee el presupuesto más cuantioso de todos los Poderles Legislativos estatales, y que en 2022 ascendió a 1,645 millones de pesos. Tampoco tuvo datos numéricos sobre reuniones de comisiones el Congreso de Nuevo León.

Otros sí dieron datos, pero éstos arrojaron, por ejemplo, que en los meses que dura el periodo legislativo las citas en comisiones fueron escasas; en Campeche, el promedio de reuniones por comisión legislativa fue menor a 1; en Chiapas 1.4; Tabasco 1.6; Sonora 2; Zacatecas 2.2; Puebla 2.6, Baja California 2.6.

Respecto a las iniciativas, durante los periodos reportados por los congresos estatales, se presentaron 27,494 iniciativas y de ellas 5,820 fueron iniciativas de ley, 18,475 iniciativas de decreto y de otro tipo 2,966 (exhortos, puntos de acuerdo, agenda política).

De las iniciativas que se presentaron 13,193 fueron presentadas por legisladores (46.8 %) y 1,264 por los Ejecutivos locales, 96 con carácter de iniciativa preferente. Y Zacatecas (con mayoría de Morena) se distinguió por sacar adelante el 41.8 % de la aprobación de asuntos pro “urgente y obvia resolución”, es decir en ocasiones sin pasar por comisiones o bien, de manera exprés y Chihuahua lo ha hecho en 23.2%.

En cuanto al manejo de recursos y transparencia, hubo casos en que los congresos quedaron en falta: durante 2022 vía sus Órganos Internos de Control (OIC) recibieron 769 denuncias contra servidores públicos de esos poderes legislativos, cifra que fue 133.7% superior a la registrada en 2020.

Además, hubo opacidad en los datos reportados al INEGI o en su información que por ley debe ser pública: el Congreso de Colima –con mayoría de Morena-PVEM– no dio información sobre el personal de apoyo contratado por el Poder Legislativo.

Con relación a los rubros de ingresos de los legisladores por el rubro genérico de “otro concepto”, el Congreso de Querétaro (con mayoría panista) erogó 97.4 millones de pesos, el de Zacatecas (dominado por el partido guinda) 95.3 millones de pesos; el de Chihuahua (dominado por el PAN) 29.9 millones de pesos y el de Veracruz erogó 62.1 millones de pesos.

El Poder Legislativo de Jalisco quedó opaco, pues no contó con datos para responder sobre el tema.

Respecto al rubro “estructura parlamentaria y trabajo legislativo, no se contó con información del Congreso de la Ciudad de México, ya que a la fecha de corte para esta publicación aún se encontraba en proceso de captación”, a pesar de que, de acuerdo a los datos técnicos de la encuesta del INEGI, vía cuestionario se requirieron datos a los 32 congresos y se revisaron páginas web y bases de datos, trabajo que duró 9 meses entre 2023 y 2024.

También sobre la productividad legislativa, el INEGI informó que durante los periodos reportados, se presentaron 110 denuncias de juicio político ante los Congresos Estatales, pero 30% resultó improcedente, 14 se archivaron y 12 están en trámite en instancia instructora, 4 fueron desechados, 8 concluidos y 7 están en instancia sustanciadora y en trámite .

De todas Hidalgo concentró el 14.5 por ciento con 16 denuncias; Veracruz 13; Tlaxcala 12, Guerrero 11 y Chihuahua 10.

La Encuesta del Inegi también arrojó otros datos: el PRI perdió en estas legislaturas estatales 28 diputados que se fueron a otros partido o se declararon sin partido y Morena sufrió 17 dimisiones; en cambio Movimiento Ciudadano creció en cinco espacios.

Gasto de los congresos, bajo lupa

Durante 2022, los congresos estatales ejercieron un presupuesto de 15,291 millones de pesos.

En el último periodo que reportaron, es decir a fines de 2023, los Congresos contaron con presupuesto de 366.9 millones de pesos.

Por concepto de gasto, 86.2 millones de pesos correspondieron a remuneraciones (23.6%); 32.2 millones (9.9 %) a atención ciudadana, 36.1 millones a Gestión Parlamentaria, y 26.2 millones a “asistencia legislativa”, pero 181.9 millones de pesos (es decir 49.6 % del total) se reportaron como gastos por “otro concepto”.

Los recursos que ejercen los diputados en “atención ciudadana” y “asistencia legislativa” suelen ser manejados con opacidad, sin requisitos fiscales de comprobación y en ocasiones destinados a fines distintos.

Además, el estudio concluyó que la remuneración mensual bruta que percibieron las personas legisladoras oscila entre 30,001 a 60,000 pesos, pero sin considerar otras bolsas de recursos que reciben.

Sin embargo, no hay uniformidad; por ejemplo, en el congreso mexiquense reciben 100,000 mensuales brutos pero sin esas bolsas adicionales, al igual que en otras trece entidades, entre ellas Sonora, Chiapas, San Luis Potosí, Coahuila, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Durango.

En tanto, legisladores de Querétaro, Zacatecas y Veracruz acapararon la mayor parte de ingresos por “otro concepto”. A eso se suma el personal de apoyo para los diputados locales, y a nivel nacional hay 3,665 personas se desempeñaron en esas funciones.

Pero la mayoría del personal de apoyo se concentró en Michoacán, donde el Congreso es de 40 legisladores y el personal que les apoya es de 468 personas. Con igual número de diputados (40) en el congreso de Chiapas sólo hay 86 integrantes del personal de apoyo a legisladores.

Al tener más diputados en todo el país el grupo parlamentario de Morena es el que cuenta con mayor cantidad de personal de apoyo 35.6% del total.

Respecto al manejo de los recursos de los congresos locales, el INEGI dio cuenta de que de 2018 a 2022 se han presentado 101 denuncias ante el Ministerio Público contra igual número de personas servidoras públicas por la presunta comisión de algún delito en ejercicio de sus funciones. En 2018 fueron 47 denunciados; en 2019 se redujeron a 42; en 2020 tres y en 2022 nueve.

De estas últimas seis señaladas por presunto ejercicio indebido del servicio público, una por cohecho, una por peculado, tres por otro tipo de señalamiento.

Según los datos, de 2018 a 2022 en total 1,009 personas fueron sancionadas administrativamente por faltas no graves: 62 en 2018; 434 en 2019; en 2020 243 personas y en 2022 fueron 270.

Sobre las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de las personas servidoras públicas se presentaron de 2018 a 2022 un total de 1,591 acusaciones: en 2018 fueron 493, en 2019 329 y en 2022 se dispararon en 133.7%, con 769 querellas.

Se suman las investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas cometidas por las personas servidoras públicas de los congresos estatales. En cuatro años, de 2018 a 2022, se iniciaron 3,012 indagatorias de ese tipo y sólo hay información disponible sobre os casos concluidos de 2020 a la fecha: 1, 116.

Además, están los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa que han sido concluidos, en este caso, de 2017 a 2022, un total de 1,395

Estos derivaron en 1,009 personas sancionadas. Según los datos, en 2018 fueron 62 personas sancionadas administrativamente por faltas no graves; en 2019 otras 434 personas. En 2020 la cifra fue de 243 personas y en 2022 un total de 270.

De acuerdo con el tipo de sanción, con datos del Inegi sólo de dos años, 2020 y 2022, merecieron inhabilitación temporal 124 personas, 52 de ellas en 2022 y 72 en 2020. Ameritaron destitución 11 personas en 2020 y tres en 2022.

Han sido suspendidas del empleo en ese lapso tres y dos personas, en cada uno de esos años. recibieron sólo amonestación privada 313 servidores, 189 (2022) y 124 (2020)

Merecieron amonestación pública 48 personas, 24 en cada uno de los años y sanción económica una persona en 2020 y cuatro en 2022, amen de merecer “otro tipo de sanción administrativa” 18 personas en 2020.