Lorenzo Roel, presidente de la Comisión laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que la mayor afectación al sector de manufactura:
“El costo por concepto de tiempo extra y por concepto de días de descanso laborado tendría un impacto anual aproximado de 360,000 millones de pesos”, explicó.
Roel se dijo en pro, pues no es que el sector diga no hay que reducir la jornada, sino abrir el diálogo social para ver qué actividades, qué industrias.
"Hay que ver cómo podemos migrar en ciertos medianos plazos y en su caso considerar qué actividades pueden considerarse casos de excepción y no a raja tabla una aplicación de reducción de jornada para todas las actividades. Nosotros estamos a favor”, expresó ante los diputados.
Menos optimista, pero Ricardo Barbosa Ascencio presidente comisión laboral de la Coparmex, también pidió ´”buscar el cómo sí”.
“Tenemos que hablar de gradualidad, el ejemplo chileno es un buen ejemplo a seguir... hicieron un proceso de amortiguamiento de tres o cuatro años”, expuso y destacó los riesgos.
“Como está planteada (la propuesta) no es el momento de aprobarla, tenemos antes que trabajar en la incorporación a la formalidad”, recordó, aunque hay muchas propuestas de reducción de jornada laboral, solo hay una para incorporar a la formalidad a los empleadores informales.
"En la informalidad nadie tiene vacaciones dignas, pago de PTU, ni tiene seguridad social”, recordó.
De acuerdo a Barboza en las Mipymes el impacto será el crecimiento de la informalidad, habrá menos recaudación de ISR y se pagarán menos cuotas de seguridad social. En los grandes empleadores el incremento en la nómina derivado de la reducción de jornada electoral será de 35 % a 40%, alertó.
Carlos Ferrán Martínez Carrillo, especialista en materia laboral, expresó que en Colombia y Chile la reducción de la semana laboral “fue un proceso escalonado y no de manera abrupta” por lo que dio el “sí un régimen transitorio, un periodo de gracia”, además de dar incentivos a la formalidad.
Del lado de la sociedad civil, Sofía Ramírez Aguilar, economista y experta en políticas públicas, directora de México ¿Cómo vamos?, explicó que la prioridad debería ser proteger la actividad de las Mipymes y fomentar la formalidad.
“Cualquier rubro que encarezca a las Mipymes va a afectar al empleo”, dijo al recordar que la inseguridad las ha afectado.
La especialista ubicó que los beneficiados de esta eventual reforma serían en un primer momento 15.6 millones de personas que laboran más de 40 horas en empleos formales porque los demás, 35 millones o trabajan menos de 40 horas o trabajan en la informalidad.
En el Parlamento Abierto una de las proponentes, la diputada Susana Prieto, de Morena, reconoció que en el foro de abril, antes de dictaminar la reforma, no invitó al sector empresarial representado por la Coparmex, en tanto que otras agrupaciones empresariales hicieron el vacío pues pensaron que no iba a pasar la propuesta.
