En carta abierta a los coordinadores parlamentarios y líderes partidistas, las organizaciones reclamaron que las enmiendas buscan favorecer las decisiones partidarias al impedir que el TEPJF pueda resolver sobre acciones afirmativas ni realizar interpretaciones la Constitución.
La consecuencia de los cambios sería dejar a las minorías y sectores tradicionalmente marginados por la sociedad, sistemáticamente excluidos, a merced de lo que definan las cúpulas partidistas.
Las reformas unificaron a los partidos oficialistas Morena y sus aliados el Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM), con los partidos opositores Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues sus diputados aseguraron que el TEPJF ha incurrido en “excesos”.
Sólo Movimiento Ciudadano rechazó la propuesta y emprendió una campaña para denunciar que si en noviembre y febrero la oposición se dijo en contra de afectar a las instituciones democráticas, como pretendía el ”Plan B” de reforma electoral, no puede pretender recortar las funciones del TEPJF.
La reforma consiste en modificar cuatro artículos de la Constitución para establecer que en sus sentencias el Tribunal debe limitarse a lo que establezca literalmente la Constitución y las leyes electorales, sin interpretarlas; no tendrá facultades para resolver casos relacionados con el Congreso.
Además sólo el Congreso podrá establecer de forma exclusiva medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables a cargos de representación.
Con estos cambios se dejaría “la protección y el respeto de nuestros derechos humanos a discrecionalidad o voluntad de los partidos”, y el TEPJF estaría impedido, como hace hoy, a realizar una interpretación de disposiciones constitucionales, indicó el partido naranja.
La reforma sería dictaminada el pasado miércoles, pero se decidió aplazar la discusión en la comisión hasta este lunes 10, así que por segunda vez se pospuso la dictaminación necesaria para subir el dictamen a votación del pleno.
Para que los cambios entren en vigor para las elecciones de 2024, deberán aprobarse por ambas Cámaras y la mitad de congresos locales en junio.
