Los diputados federales de la coalición Va por México que integran los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) acudieron a la Corte en su calidad de minoría, pues pueden presentar una acción de inconstitucionalidad el 33% de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma.
En su documento alegaron que las reformas a esas leyes “violan el federalismo y la libertad hacendaria, al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en la materia”, amén de que podrían propiciar la inequidad en los procesos electorales.
Esto porque la Ley General de Comunicación Social permitirá a los servidores públicos pronunciarse en favor de determinadas candidaturas haya o no campañas en curso, pues no podrán ser consideradas, como había establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como propaganda gubernamental indebida o bien como promoción personalizada de servidores públicos.
De acuerdo a los diputados, las reformas “atentan contra la transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que ahora los servidores públicos podrán presentar en el momento que decidan sus informes, incluido durante un proceso electoral”.
En cambio, la Ley que era aplicable antes de esas reformas establecía que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos y la difusión de estos no serían considerados como propaganda, siempre que se rindieran sólo una vez al año, sólo en la cobertura regional de la que es responsable el servidor público, y sólo siete días antes y cinco posteriores a la fecha en que se deba rendir el informe, pero estaba prohibido en periodos de campaña electoral.
El coordinador panista Jorge Romero destacó que además se cuestiona que las reformas permitirán que siga “el autoritarismo del presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación”.
El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, recordó además que en las reformas se registraron violaciones al proceso legislativo, “y no se respetan los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario”, pues se presentaron y votaron de forma exprés.
De acuerdo a Moreira, “se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance”.
El coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, pidió a la Corte resolver antes de que inicie el proceso electoral 2024. “Tendríamos de aquí al verano de este mismo año 2023 para que quede resuelto (…) con un fallo que garantice que contaremos con una elección equitativa, confiable y libre de dudas para las y los mexicanos”.
Se suma bloque de contención del Senado
Respecto al recurso promovido por el bloque de senadores de oposición, este incluyó además de los tres partidos, a legisladores de Movimiento Ciudadano para sumar el 33% de esa Cámara, pues también quedaron en minoría frente a Morena y sus aliados, que aprobaron los cambios.
En el documento alegaron que las reformas alteran el principio de neutralidad en las contiendas electorales, vulneran la legalidad y atentan en contra de la Constitución al violar la veda legislativa al promulgarse una ley en materia electoral sin respetar el plazo de noventa días previos al inicio de los procesos electorales, ya que en este mes iniciaron los del estado de México y Coahuila.
Además “atenta en contra del proceso parlamentario. Los principios de publicidad, deliberación democrática y debida motivación fueron vulnerados durante el proceso de deliberación en la Cámara de Diputados”.
De acuerdo con los senadores, adicionalmente se propiciaría el uso discrecional de recursos públicos para intervenir en las elecciones a través de propaganda y un elemento fundamental en cualquier sistema democrático son las elecciones libres.
“El gobierno federal busca modificar las reglas del juego en beneficio de su partido y sus candidatos, lo que constituye un atentado a las libertades de las y los mexicanos”, según los senadores.
Las reformas controvertidas hoy ante la SCJN forman parte del Plan B de reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En total se propusieron cambios a seis leyes pero por ahora sólo dos ya están en vigor luego de que se promulgaran el 27 de diciembre pasado.
Aún están pendientes de concretarse reformas a cuatro leyes, pues aunque ya fueron votadas por senadores y diputados, éstos últimos hicieron un cambio de última hora, así que esa minuta se quedó congelada en el Senado.
El 1 de febrero próximo, al iniciar el periodo ordinario de sesiones, con la mayoría de Morena y aliados se descongelará esa parte del Plan B para que se pueda promulgar y entrar en vigor, por lo que se espera la presentación de más recursos ante la SCJN.
