Monreal presenta iniciativa para regular la venta de boletos para conciertos

En la iniciativa, el senador argumenta que en México, la tendencia de celebración y asistencia a eventos públicos y masivos ha mostrado una constante al alza, lo cual se confirma en el hecho de que, para el año 2019, el país se posicionó como uno de los 10 del mundo con una industria de organización de eventos verdaderamente robustos; en este sentido, se reportó que, en promedio, cada persona que asistió a algún evento público destinó 810 dólares como mínimo, según un estudio realizado por Event Industry Country y Oxford Economics.

Resalta además que a partir del uso del internet surgió también el comercio electrónico y a pesar de los beneficios que este ha traído, también ha incentivado que personas a través de máquinas e instrumentos informáticos incentiven la compraventa de productos y servicios por medios telemáticos, es decir, de telecomunicación e informática para la transmisión de información, por lo que a pesar de sus grandes beneficios, es preciso analizar los abusos que en ocasiones pasan desapercibidos y se esconden tras la practicidad y rapidez que ofrecen tales servicios.

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Por ello, la iniciativa de Monreal busca frenar las experiencias abusivas, efectuando como en otros países del mundo, buenas prácticas que apuntan hacia la implementación de un mecanismo de trazabilidad, con lo cual se puede rastrear toda la vida comercial que sigue un boleto y, en última instancia, asegurar al consumidor que el boleto que adquiere es válido, sin importar que sea en reventa.

Las claves de la iniciativa

La iniciativa busca modificar y adiciona los artículos 76 Bis 2 y 76 Bis 3 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En primer lugar, propone el artículo 76 Bis 2, para que el proveedor que ofrezca o comercialice boletos para eventos públicos deberá abstenerse de realizar cargos por servicio, comisiones, cobros por impresión, cobros por entrega del producto o análogos cuya totalidad supere una séptima parte del costo del boleto; esto con el propósito de frenar el sobrecosto abusivo que en muchas ocasiones se impone a los consumidores y que culmina en el incremento desmedido del valor final del boleto.

También propone que con el propósito de salvaguardar los derechos del consumidor que ya ha realizado el pago del boleto, los consumidores tendrán derecho a recogerlo a partir del momento en el que el proveedor lo disponga y hasta tanto haya terminado el evento.

Además, establece que en caso de cancelación del evento, el proveedor tendrá la obligación de reembolsar al consumidor el costo total del boleto, incluidos cargos, comisiones o análogos que hayan sido cobrados, en un término máximo de 30 días naturales a partir de la fecha programada para la realización del evento.

Este artículo también propone que todo tipo de cargo que se realice, deberán quedar desglosado y explicado para que los consumidores conozcan su naturaleza.

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La iniciativa establece que en caso de suspensión o modificación de la fecha de celebración del evento, el proveedor deberá ofrecer al consumidor la posibilidad de actualizar su boleto.

Pero si el consumidor no puede asistir a la nueva fecha establecida, podrá dar aviso al proveedor y éste tendrá la obligación de reembolsar el costo total del boleto, incluidos cargos, comisiones o análogos que hubieran sido cobrados, en un término máximo de 30 días naturales a partir de efectuado el anuncio.

Finalmente, propone adicionar el artículo 76 Bis 3 cuyo en el que establece que los proveedores de boletos para conciertos o eventos deben incorporar a cada ticket un sistema de trazabilidad que para tal fin determine la Secretaría de Economía en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de lograr el rastreo de la vida comercial de los boletos y garantizar al consumidor que éstos son válidos, evitando de esta manera casos de estafa o falsificación que han sido reiterados en los casos de reventa de boletos.