En suma, el dictamen mantiene la propuesta de control estatal del mercado, la cancelación de los permisos de generación eléctrica otorgados y de los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, así como el cambio en el modelo de despacho de la electricidad.
Este domingo se alista la votación, en el pleno de la Cámara de Diputados, del dictamen de la reforma eléctrica, misma que aceptó en sus términos la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo con algunas modificaciones.
Entre ellas, las realizadas por la mayoría de Morena y sus aliados durante la dictaminación, el pasado lunes en el seno de las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, en donde el documento sufrió modificaciones pero ninguna de fondo.
Cambios mantienen control estatal del mercado
El paquete de reformas consiste en modificaciones y adiciones a los artículos 4, 25,27 y 28 de la Constitución, por lo que sólo podrán prosperar con mayoría calificada de 334 votos de los diputados presentes al momento de la votación.
Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde (PVEM) sólo suman 277, de ahí que necesitan 57 diputados más, por lo que buscan los votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya bancada es de 71 miembros.
En aras de atraerlos, Morena anunció la aceptación de 9 de 12 propuestas de la oposición de la Alianza va Por México, que integran grupos parlamentarios de Acción Nacional (PAN), PRI y de la Revolución Democrática (PRD).
Pero de acuerdo a los diputados opositores, la supuesta aceptación de una parte de sus planteamientos, presentados el 4 de abril como propuesta alterna de reforma eléctrica, no modificó la “estatización” que promueve Morena de la industria eléctrica, ni ofreció garantías de que se privilegiarán energías limpias y baratas.
Y sí, el dictamen mantiene una redacción por la cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) preserva el control sobre el mercado, al dejar la distribución de electricidad en exclusiva, e insistir en que le debe corresponder la generación de al menos 54% de la energía eléctrica del país y la restringir la participación privada a un máximo de 46%.