La discriminación no desaparece y va al alza
El Conapred fue creado en 2003 con independencia para actuar, pues sus funciones son atender y resolver las quejas que se le presenten por supuestos actos discriminatorios cometidos tanto por particulares como por servidores públicos.
Parte de sus atribuciones consisten en emitir resoluciones por disposición, cuando derivado de una queja se comprueban actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, y por tanto se emiten medidas administrativas y de reparación que son obligatorias para la administración pública federal.
El Consejo es, además, la instancia rectora de las políticas dedicadas a erradicar la discriminación y apenas en diciembre pasado se avaló su Programa Nacional para la Igualdad y No discriminación 2021-2024 para desmantelar prácticas discriminatorias y lograr el cambio cultural en las instituciones y la sociedad.
Pero la propuesta de eliminación o fusión del Conapred se da en un escenario en el que, de acuerdo a este, se han agudizado manifestaciones xenofóbicas contra personas migrantes y refugiadas, la discriminación por preferencias sexuales y, por la pandemia de COVID los señalamientos de presunta exclusión de servicios o de centros educativos o de trabajo.
Según el informe más reciente de la Conapred, de 2020 –año en que renunció su titular– las quejas por presuntos casos de discriminación se han incrementado en más de 100%.
“De enero a diciembre de 2020 se observa un aumento del 130% en los reportes contra personas particulares y del 104% contra personas servidoras públicas federales, en relación con el mismo periodo de 2019”, reportó el organismo.
En 2020 se recibieron 182 quejas contra personas particulares y 105 contra personas servidoras públicas federales.
Durante ese año las principales causas de discriminación que se presentaron en las quejas fueron, condición de salud: 70 (23%), discapacidad: 57 (18.7 %), género: 34 (11.1 %), orientación sexual: 26 (8.5 %), y edad: 22 (7.2%).
Conapred también consignó que se atendieron 463 casos relacionados con COVID-19. En 277 casos (59.8%) se señaló a particulares físicas o morales –como empresas o fábricas como responsables– y en 173 casos (37.3%) a servidores públicos.