El decreto fue el primero en aprobar la Cámara de Diputados en esta 65 Legislatura y lo hizo en la noche y madrugada del 1 y 2 de septiembre. Las comisiones del Senado dictaminaron el lunes 6 de septiembre en fast track y sin admitir las objeciones de la oposición.
Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, y líder de Morena en esa Cámara, Ricardo Monreal, admitió que la nueva legislación podría judicializarse de ser llevada ante la SCJN, lo que la haría inoperante, por lo que abrió una mesa de acuerdos.
Todavía este lunes a las 15 horas había diferendos, reconoció. Acuerdos de última hora eliminaron la principal objeción de la oposición a apoyar la minuta que fue aprobada por los diputados: la supuesta vulneración a la soberanía de los estados y al Pacto Federal.
Los artículos 22 y 35 establecían que las declaratorias de procedencia de desafuero y juicio político funcionarios estatales (gobernadores, diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia estatales) serían remitidos a las legislaturas locales para que procedan “en estricta observancia de lo decretado”, es decir, se les ordenaba acatar el mandato de la cámara federal.
En vez de esa redacción, se estableció sólo que “En este caso se procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 110 de la Constitución”, mismo que a su vez establece que “la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.
Una vez con ese cambio, la legislación transitó.
