El objetivo central de la Ley es reorganizar a la Armada, precisar sus funciones en materia de control de puertos, seguridad y protección marítima.
En contra se emitieron 11 votos, entre ellos el del senador sin partido Emilio Álvarez Icaza y legisladores de Movimiento Ciudadano, quienes advirtieron que se profundiza la militarización de las tareas de seguridad.
Entre las novedades, está la creación de una unidad de Policía Naval, una unidad de Inteligencia Naval y una Universidad Naval.
En el caso de la Unidad de Policía Naval se establece que reforzará la participación de las fuerzas armadas en apoyo de la Guardia Nacional para “coadyuvar con las instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno”.
Esta unidad asumirá el control administrativo del personal naval comisionado en la Guardia Nacional y el Jefe de la unidad tendrá categoría de Almirante.
La Unidad de Inteligencia Naval será el órgano asesor encargado de generar la información de inteligencia necesaria para formular los planes de Seguridad Nacional en los que participe la Armada de México.