La primera batalla en la 65 Legislatura será por la Ley Federal de Revocación de Mandato: la mayoría de Morena y sus aliados, en las dos cámaras del Congreso, la quieren sacar adelante esta semana.
El Senado de la República fue convocado a su primera sesión ordinaria para el próximo jueves 2 de septiembre, donde se conocerá y votarán tres asuntos, entre ellos el dictamen sobre la Ley de Revocación de Mandato, el cual fue aprobado en comisiones, pero con el rechazo de la oposición.
Una vez aprobado el dictamen, la minuta será enviada a la Cámara de Diputados. El morenista, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva, reconoció que “es probable” un rápido procesamiento, en su primera sesión ordinaria (el asunto podría ser votado en el pleno y sin dictaminación).
La Cámara de Diputados se instalará el próximo martes 1 de septiembre, pues este domingo 29 solo eligió a la mesa directiva. El líder morenista adelantó que “es probable” una votación en la primera sesión de San Lázaro.
“Lo que prevé la ley es que se pueden hacer dispensas de trámite y es lo que en todo caso se estará haciendo. Convocaré a mesa directiva martes o miércoles, también la Junta de Coordinación Política (Jucopo)”, dijo el legislador.
El dictamen avalado el 16 de agosto, en comisiones del Senado, no contempla la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino el aval para que continúe en el cargo hasta 2024.
“¿Estás de acuerdo en que el Presidente de la República electo para el periodo constitucional en curso, continúe en el cargo hasta que concluya su mandato?”, es la pregunta que la mayoría morenista incluyó en la ley regulatoria.
Aunque la oposición de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano en el Senado han rechazado esa pregunta, pues –acusan– desnaturalizaría el objetivo de una revocación de mandato, Morena anticipó que no modificará su propuesta.
El sábado, la senadora Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y exsecretaria de Gobernación, avaló la legalidad y constitucionalidad de la pregunta: pidió a la bancada de su partido, reunida en plenaria, defender la redacción tal como quedó en el dictamen.
Julen Rementería, coordinador de los senadores de Acción Nacional (PAN), advirtió que si se insiste en mantener la palabra “continuación” en la pregunta, y no "revocación", su bancada llevará el asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Lo más probable es que sí, que acabe en acción de inconstitucionalidad, siendo la vía para corregir la pregunta. Está mal planteada y hay que corregirla. Y si no se accede, pues tendremos que acudir a una acción de inconstitucionalidad”, expuso el panista.
El PRI también anticipó que el asunto terminará en la Corte. Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores, dijo que Morena busca modificar el sentido de un ejercicio ciudadano creado para evaluar a los gobernantes y, eventualmente, retirarles el apoyo.
”Quieren modificar completamente la estructura de la Constitución y efectivamente pasar de la revocación a la ratificación y por supuesto no estamos de acuerdo”, insistió el senador del tricolor.
Los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados tienen otra posición: consideran que no hay problema si se legisla de forma exprés.
“Estamos en un periodo ordinario y se pueden presentar las iniciativas, y además hay mandato constitucional para discutir eso”, expuso Rubén Moreira Valdés, coordinador de los diputados del PRI y presidente de la Jucopo.
Movimiento Ciudadano (MC) sostuvo la postura expresada por Dante Delgado, su coordinador en el Senado, quien advirtió que si se busca hacer un proceso de ratificación de mandato, y no de revocación, se acudirá ante la Corte.
De acuerdo al régimen transitorio de la reforma constitucional sobre revocación de mandato, de llevarse a cabo en el actual sexenio, los ciudadanos deberán comenzar a recabar firmas de noviembre al 15 de diciembre.
Por ello, Morena y sus aliados han insistido en aprobar la ley secundaria.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esa Cámara, reconoció que existe el riesgo de que, si la oposición lleva el asunto ante la Corte, el proceso se detenga o se complique su realización.
Morena por sí solo puede aprobar la legislación, admitió Monreal, pero no sería conveniente.
“Nosotros tenemos la mayoría, podríamos sacar la votación con mayoría, pero no es lo deseable porque esto abriría la posibilidad de que ésta pueda ser judicializada y pueda controvertirse en el Poder Judicial de la Federación. Hay que evitarlo para que tengamos un instrumento confiable de aplicación general en beneficio de todos”, planteó.
“Deberíamos reformular, revisar y buscar un acercamiento con los grupos parlamentarios para que estuviésemos de acuerdo en la pregunta. Tenemos que buscar que no riña con los principios constitucionales del artículo 35 de la Constitución”, agregó.
El legislador morenista alertó que si no hay acuerdos y la oposición ejerce su derecho de ir a la Corte –que en su caso debería resolver en un mes, pues en noviembre debe comenzarse a recabar firmas–, eso dejará al INE sin tiempo para realizar el proceso.
A pesar de la urgencia de Morena y sus aliados por emitir la ley secundaria de la revocación de mandato, el régimen transitorio, ya previsto en la Constitución desde 2019, ya regula prácticamente todo ese ejercicio.
Los detalles operativos fueron emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Lineamientos aprobados el viernes pasado, pero que se basan en lo que ya contempla la Carta Magna.
Además de la pregunta, Morena busca anular en la ley regulatoria la prohibición constitucional a que el Ejecutivo federal pueda difundir propaganda y logros de gobierno una vez que empiece el proceso de revocación, pues se trata de un ejercicio ciudadano del que deben estar fuera partidos y gobiernos.
Por ello, en la plenaria de senadores de Morena, del sábado 28 de agosto, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, pidió a los legisladores de su partido y a los aliados (PT, PES y PVEM) no permitir que al presidente se le aplique una veda que le impida “defenderse” y publicitar los resultados de su gestión.
