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La 64 Legislatura rompe récord: leyes y reformas están bajo la lupa de la Corte

De acuerdo con la consultora Integralia, la Legislatura destacó por "la erosión del Poder Legislativo ante el Poder Ejecutivo y el poco impacto transformador de las reformas aprobadas".
lun 30 agosto 2021 02:13 PM
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Este 29 de agosto se realizó la sesión constitutiva de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados.

La 64 Legislatura quedó marcada por ser la que mayor número de leyes y reformas aprobadas generaron dudas sobre su legalidad y constitucionalidad, por lo que fueron sometidas a revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Entre el 1° de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2021 se presentaron al menos 32 demandas de acción de inconstitucionalidad, 18 controversias y miles de amparos contra decretos expedidos por ambas cámaras del Congreso.

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De acuerdo con el décimo Reporte Legislativo de la consultora Integralia, que encabeza Luis Carlos Ugalde, entre septiembre de 2012 y agosto de 2015 (la primera parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto) se promovieron 12 demandas de acción de inconstitucionalidad y ninguna controversia ante la Corte.

“El incremento refleja descuido y desinterés respecto a la constitucionalidad y legalidad de las reformas aprobadas”, señala la firma.

La Corte corrige la plana

La Corte ya ha revertido al menos cinco decisiones del Congreso. En mayo de 2019 invalidó disposiciones sobre remuneraciones de servidores públicos; en marzo un artículo de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual dejó sin efectos varios artículos de la ley sobre la extinción de dominio (junio 2021) e invalidó parte del articulado de la Ley de Educación.

Por ahora, de los casos resueltos solo han validado la abrogación de la Ley de la Lotería Nacional (febrero 2021).

Las acciones de inconstitucionalidad se han interpuesto en contra de nueve leyes y reformas: la de Remuneraciones de los Servidores Públicos, los Presupuestos de Egresos de 2019, 2020 y 2021, las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Austeridad Republicana y la extinción de fideicomisos.

También se ha litigado sobre el decreto de la Consulta Popular, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, la declaración de procedencia de desafuero de Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y la Ley sobre contratación de publicidad.

En el caso de los amparos –interpuestos contra 12 leyes, reformas y otras decisiones legislativas–, algunos están por resolverse en la Corte, mientras que otros se encuentran en otras instancias del Poder Judicial.

Algunos de éstos son la emisión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la contrarreforma educativa, la reforma laboral, la Ley de la Guardia Nacional, la Nacional de Extinción de Dominio y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar.

También se controvirtieron la Ley de Amnistía, la de la Industria Eléctrica, y las normas para establecer la geolocalización bancaria –la que obliga a crear el padrón de datos biométricos (telefonía móvil)–.

 

El gasto bajó pero la opacidad sigue

En la revisión del equipo de Integralia se destaca que uno de los logros más mencionados de los diputados salientes fue la reducción de casi 3 mil millones de pesos del presupuesto de la Cámara de Diputados.

La cifra de disminución es real, pues el presupuesto de San L´ázaro “pasó de 17 mil 240 millones de pesos en 2018 a 14 mil 800 millones de pesos en 2021, una reducción de 14% en términos reales”.

La consultora señaló que fue “muy significativa” la disminución de las asignaciones a grupos parlamentarios, recursos que son considerados “una partida discrecional y casi secreta que se ha usado para la cooptación, el clientelismo e, incluso, el enriquecimiento personal”.

Integralia señaló que, aun con la reducción, el gasto que se realiza en San Lázaro se ejerce de forma opaca, pues, como ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “prevalece la opacidad en el uso de estas asignaciones”.

Según el reporte, el Senado redujo 70% sus asignaciones a las bancadas y 40% la Cámara de Diputados.

Legisladores cambian de bancada

Según la consultora, Morena tuvo una mayoría absoluta (la mitad más uno de los 500 diputados) en San Lázaro, pero de forma artificial.

El reporte destaca que Morena, que obtuvo una votación de 45.9%, sumó a su aliados (PES y PT) y consiguió 61.6% en la Cámara de Diputados, es decir, casi la mayoría calificada de dos terceras partes de San Lázaro. Por ello, solo necesitó de unos cuantos votos adicionales del Partido Verde (PVEM) e independientes para reformar la Constitución.

 

En agosto de 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) asignó a Morena 191 curules. El 23 de agosto de ese año, una semana después, el partido ya contaba con 246 diputados para la conformación de los grupos parlamentarios, 55 de los cuales eran de otras bancadas.

Integralia estableció que la volatilidad parlamentaria creció en la 64 Legislatura como nunca antes: fue de 70. En la 52 legislatura (2012-2015) el nivel era de 16 y en la Legislatura 53 (2012-2015) de 26.

Morena se infló 34% gracias al fenómeno de transfuguismo o 'chapulineo'.

Ese partido ganó 191 curules en las urnas. Para el 29 de agosto de 2018, al instalarse la 64 Legislatura, ya tenía 240 y 256 curules al final.

El Partido del Trabajo perdió 36, Encuentro Social (PES) 14, y Partido Verde (PVEM) 5.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue el que más sufrió fugas: perdió 52% de sus diputados. En 2018 ganó 21 curules, pero cuando se instaló la Cámara ya eran 20 y 11 cuando concluyó el periodo.

Integralia analizó además que los diputados salientes tuvieron escasa experiencia legislativa: “Uno de los problemas históricos del Congreso mexicano que se agudizó en esta legislatura”.

La consultora detalla que solo 29 de los 256 diputados de Morena contaban con experiencia legislativa federal previa.

En la 64 Legislatura el promedio de edad de los diputados fue de 51 años. 53.9% de los 500 legisladores contaba con Licenciatura, 23.8% con posgrado y de 9.5% no se tuvo ninguna información. El 9.3% contaba con educación media superior y 3.5% educación básica (primera o secundaria).

En el Senado 46.8% tienen licenciatura y 40.3% posgrado. El 4.8% de los legisladores llegaron a educación media superior y ninguno se quedó en educación básica. En experiencia legislativa 38.7% habían sido legisladores federales.

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