La diputada Claudia Pastor Badilla, del PRI, se inconformó por el trato diferenciado que se ha dado al legislador, pues a su juicio el plazo de presentación de alegatos ya había concluido desde hace 10 días, pero apenas se dictó acuerdo de admisión de estos.
En otros casos se procede a una rápida dictaminación, en apenas tres horas posteriores a que se presentan los alegatos, argumentó.
“Insistimos en que hay prisa y celeridad para algunos asuntos y calma total para otros”, acusó la legisladora del PRI, única opositora en la Sección Instructora, que integra junto con los diputados morenistas Pablo Gómez (presidente) y Martha Patricia Ramírez Lucero, así como con Mary Carmen Bernal, del PT.
El dictamen que elabore la sección deberá establecer si ha o no lugar a proceder penalmente contra Toledo, es decir, si debe o no retirársele la inmunidad procesal para que pueda ser juzgado.
Una vez discutido y aprobado por la mayoría de sus integrantes, la sección deberá enviar el dictamen a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que esta lo someta a la consideración del pleno de la propia Cámara, erigida en Jurado de Procedencia, única instancia que puede emitir declaración de desafuero.