Mauricio Toledo, diputado federal, rechazó ser responsable del delito de enriquecimiento ilícito por el que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) pidió a la Cámara de Diputados quitarle el fuero para que sea juzgado.
“Niego categóricamente los presuntos hechos que se me imputan por parte de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que son totalmente falsos”, expresó a través de un comunicado.
De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el ahora diputado posee bienes y cuentas bancarias que superan sus ingresos como servidor público.
“Espero que los instrumentos de gobierno no sean utilizados para realizar una persecución política y confío en el debido proceso que como ciudadano mexicano tengo derecho”, apuntó el legislador.
Toledo fue jefe delegacional de Coyoacán desde 2012 y después diputado local en la entonces Asamblea Legislativa en 2015 y luego obtuvo una diputación federal en 2018, todos los puestos con el PRD.
Sin embargo renunció al partido del sol azteca en febrero de 2019, se unió al Partido del Trabajo (PT) y expresó su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El PT en San Lázaro, en voz de Gerardo Fernández Noroña, respaldó al legislador, hecho que fue agradecido por el legislador.
“La determinación es de pleno respaldo al compañero Mauricio Toledo en lo que consideramos una persecución política”, dijo en conferencia el vicecoordinador de la bancada.
Como diputado local, Toledo fue señalado de organizar agresiones en contra de los candidatos y simpatizantes de Morena en esa demarcación durante las elecciones de 2018, incluyendo eventos de la ahora jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
La Secretaría General de la Cámara de Diputados –a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos– informó que recibió la presentación y ratificación de la solicitud de declaración de procedencia en contra del diputado.
“Posteriormente se turnará a la Sección Instructora para que sea radicada y notificada dentro de los tres días naturales, a partir de que ésta sesione. Una vez notificado al diputado, cuenta con siete días para presentar manifestaciones de defensa”, informó la Cámara de Diputados en un comunicado.
A su vez, la Contraloría General capitalina indicó que, en coordinación con la FGJ CDMX, determinó iniciar un expediente de investigación, luego de realizar un dictamen de evolución patrimonial del exservidor público a través de la Dirección de Situación Patrimonial.
