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Ley de Educación Superior impondrá porcentaje de becas a particulares

La propuesta legislativa fue presentada en el Senado establece mecanismos de protección a las mujeres.
vie 11 septiembre 2020 02:05 PM
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El monto anual que el Estado destine a las instituciones públicas de educación superior no podrá ser menor al 1% del PIB.

Becas obligatorias otorgadas por escuelas privadas así como la asignación de recursos y crear mecanismos contra la violencia de género en las instituciones de Educación Superior tanto públicas como privadas son algunos de los planteamientos de la Ley General en la materia que fue presentada en el Senado y que deberá ser aprobada en ambas Cámaras y a nivel estatal. Esta legislación forma parte del paquete de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta señala que el monto anual que el Estado destine a las instituciones públicas de educación superior para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación científica, humanística y tecnológica, no podrá ser menor al 1% del PIB, ni podrá ser inferior en términos reales a lo erogado el año anterior.

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“La transición gradual hacia la gratuidad, en ningún caso afectará el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, ni las finanzas de las instituciones públicas de educación superior. Para tal efecto, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión deberá destinar en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal los recursos suficientes”, advierte el artículo 66.

La legislación, a futura discusión, expone que en el Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se establecerá un fondo federal especial destinado para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de educación superior, así como la plurianualidad de su infraestructura.

Es decir que el fondo federal especial deberá asignar recursos suficientes para apoyar el incremento de la cobertura de educación superior, mejorar la distribución territorial y la diversidad de la oferta educativa y garantizar el financiamiento plurianual de la infraestructura, equipamiento, instalaciones, incremento de la planta docente y gastos de operación de las instituciones públicas de educación superior, mientras que el componente de gratuidad, asignará recursos para compensar los ingresos por cobros de las instituciones públicas a estudiantes por conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias.

El documento señala que estos montos asignados a las instituciones públicas de educación superior, a partir del fondo federal especial, no podrán ser considerados, en ningún caso, como sustitutivos, parcial o totalmente, de los recursos ordinarios, y que estos deben cumplir con los criterios de transparencia, inclusión y equidad.

Los recursos públicos que reciban las instituciones públicas de educación superior deberán administrarse con eficiencia, responsabilidad y transparencia, a través de procedimientos que permitan la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

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Becas y apoyos para universitarios

La propuesta también plantea que el Estado otorgue “apoyos académicos y becas” para garantizar el acceso y promover la permanencia de toda persona que decida cursar educación superior.

En cuanto a las instituciones privadas se detalla que éstas tendrán que otorgar becas, cuyo número no podrá ser inferior al 5% del total de la matrícula inscrita para todos los planes y programas de estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios distribuidas de manera proporcional, de acuerdo con el número de estudiantes de cada uno de ellos.

Conoce más: Gurría alerta sobre el rezago en materia de educación

Se plantea que las autoridades educativas fomenten la creación de programas de posgrado enfocados en la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica.

Para contribuir a la formación de especialistas en las disciplinas científicas, humanísticas y tecnológicas e incrementar la matrícula de esos programas de posgrado, las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, otorgarán becas para fomentar el estudio de los programas a los que se refiere este artículo, así como para cursar carreras vinculadas con esos campos de conocimiento.

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Novedades

Asimismo, crea un Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, y que plantea que cada entidad cuente con una Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior o instancia equivalente para la coordinación local de las estrategias, programas y proyectos, así como para la planeación del desarrollo de la educación superior.

También señala que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe elaborar un Programa Nacional de Educación Superior, que incluya objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas globales para cada uno de los subsistemas educativos. Debe ser presentado en la programación estratégica del Sistema Educativo Nacional para el cumplimiento de sus fines y propósitos, ser actualizado cada cinco años e incluir una visión prospectiva y de largo plazo.

La SEP, en conjunto con el Consejo Nacional, elaborará un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos, que faciliten el tránsito de estudiantes por el Sistema Educativo Nacional, que es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de educación superior.

La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas y las instituciones de educación superior, establecerá el Registro Nacional de Opciones para Educación Superior, el cual tendrá por objeto dar a conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior, así como los requisitos para su ingreso.

Medidas contra la violencia de género

La propuesta, en su artículo 43, expone que el Estado reconoce la importancia de que las instituciones de educación superior se constituyan como “espacios libres de todo tipo y modalidad de violencia”, en específico la de género, y de discriminación hacia las mujeres, para garantizar el acceso pleno al derecho a la educación superior.

Por lo que insta a las universidades a emitir diagnósticos, programas y protocolos para la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos y modalidades de violencia; la creación de instancias con personal capacitado para la operación y seguimiento de los protocolos; la adopción de medidas para considerar la violencia que se ejerce contra las mujeres como causa especialmente grave de responsabilidad, entre otras.

Mientras que en el ámbito académico, se propone la incorporación de contenidos educativos con perspectiva de género que fomenten la igualdad y contribuyan a la eliminación de todos los tipos y modalidades de violencia; el desarrollo de investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos para la detección y erradicación de la violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior, y en el aspecto de la prestación del servicio, establecer:

  • Fomento de senderos seguros dentro y fuera de las instalaciones de las instituciones de educación superior;
  • Promoción del mejoramiento del entorno urbano e infraestructura para la generación de condiciones de seguridad de las mujeres;
  • Dignificación de las instalaciones sanitarias con la implementación de medidas que respeten los derechos y la dignidad de las mujeres y se constituyan como espacios libres de violencia;
  • Fomento de medidas en el transporte público para garantizar la seguridad de las alumnas, académicas y trabajadoras en los trayectos relacionados con sus actividades académicas y laborales, respectivamente, y
  • Promoción de transporte escolar exclusivo para mujeres.
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