"Tratándose de la sanciones a que se refiere este artículo, el juez queda facultado para sustituirlas por un tratamiento médico integral o trabajo en favor de la comunidad; bastará que lo solicite y ratifique la mujer ante la autoridad judicial.
"El tratamiento referido (...) tendrá como objeto la atención integral de las consecuencias generadas con motivo de la práctica del aborto procurado previa valoración del personal médico correspondiente, quien determinará lo necesario para la atención.
"En el caso de las poblaciones o comunidades indígenas, las autoridades sanitarias brindarán la asesoría y, en su caso, la orientación en español y en la lengua o lenguas en uso en la región", se lee en la iniciativa.
Conoce más: Diputadas dan un paso hacia la despenalización del aborto a nivel nacional
Esta propuesta es enviada a la vez que la propia Cámara de Diputados lleva un proceso para discutir la despenalización del aborto a nivel nacional. A inicio de este mes, las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género–a excepción de las legisladoras del PAN y Encuentro Social (PES)– emitieron su opinión favorable sobre la iniciativa para reformar la Ley General de Salud, en materia de interrupción legal del embarazo y salud sexual y reproductiva.