Luego del rechazo que generó su intención de reformar la figura del amparo para evitar el bloqueo de obras del gobierno federal, el senador Ricardo Monreal decidió no presentar sus iniciativas.
Monreal anunció este domingo que presentaría reformas que adicionan un párrafo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y una fracción XIV al artículo 129 de la Ley de Amparo.
El anuncio encendió alarmas entre expertos y académicos y este lunes el coordinador de los senadores morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política anunció que renunciaba a su intención.
"Había preparado iniciativas para reformar la Ley de Amparo, que fueron reseñadas en días pasados por distintos medios; luego de conversar con colectivos y especialistas, decidí no presentarlas, para buscar un proyecto consensuado en la materia. Se debe escuchar y aceptar cambios", escribió en su cuenta de Twitter.
Había preparado iniciativas para reformar la Ley de Amparo, que fueron reseñadas en días pasados por distintos medios; luego de conversar con colectivos y especialistas, decidí no presentarlas, para buscar un proyecto consensuado en la materia. Se debe escuchar y aceptar cambios.
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 21, 2020
Uno de las voces en contra fue la del ministro en retiro José Ramón Cossío, quien criticó que esa propuesta afecta los derechos humanos.
“El amparo es un medio de protección de los derechos humanos, con independencia de la naturaleza de los actos de autoridad”, escribió desde su cuenta personal en Twitter @JRCossio.
De estar bien expresada la nota, es escandalosa. El amparo es un medio de protección de los derechos humanos, con independencia de la naturaleza de los actos de autoridad. “Morena en el Senado va por reforma para evitar que amparos frenen proyectos de AMLO https://t.co/cayQz2zaOg
— José Ramón Cossío D. (@JRCossio) January 19, 2020
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El abogado Gerardo Carrasco, director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una de las organizaciones que interpuso una serie de amparos contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, quien también es vocero de #NoMásDerroches, calificó como lamentable la propuesta legislativa, al considerar que limitaba el derecho de la ciudadanía para acudir a instancias jurisdiccionales en casos de abuso de poder.
“Si ponen por definición en la Constitución que toda obra pública va a ser de interés social, en automático anulas la posibilidad que en cualquier amparo proceda una suspensión en contra de estas cuestiones”, explicó en entrevista con Expansión Política.
La nueva iniciativa de Ricardo Monreal y MORENA en el Senado mediante la cual pretenden, prácticamente, destruir el juicio de amparo cuando se combatan proyectos de infraestructura pública no es más que una invitación a la Autoridad Administrativa a VIOLAR derechos colectivos.
— Gerardo Carrasco (@GerCarrasco90) January 20, 2020
(El amparo) es la única herramienta jurisdiccional que tenemos los ciudadanos para hacer frente a abusos de poder que impliquen violación a derechos fundamentales”.
El abogado señaló que los amparos son para darle más herramientas a los ciudadanos para hacerle frente a abusos del poder público, lo que se ve “completamente desdibujado” con esta intención, porque se está presumiendo que por ser obra que viene de una “ocurrencia gubernamental” por definición no va a violar ningún derecho humano.
“Si el día de mañana se pretende construir una refinería en el bosque de Chapultepec, nadie va a poder –a través del juicio de amparo– defender sus derechos porque el senador Monreal pretende poner en la Constitución y Ley de Amparo una restricción sin excepciones para que no prosperen este tipo de procedimientos”, insistió.
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Carrasco comentó que aunque con esta iniciativa se contradecían principios que se encuentran contenidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde dicen que cualquier restricción a derechos humanos que esté en el texto constitucional va a estar por encima de los tratados internacionales, por lo que primero se tiene que modificar este criterio.
“El Senado está haciendo todo lo posible para modificar todo hasta la Constitución, realmente quienes van a estar más desprotegidos van a ser las personas más pobres, las comunidades más necesitadas, quienes sean desplazados de sus tierras, sean afectados en su derecho al agua, no van a tener una herramienta jurídica para hacer frente a ocurrencias del poder público”, aseguró.
Para el experto Miguel Carbonell, la recomendación para una reforma que modifique las bases actuales del juicio de amparo debe enfocarse en fortalecer pero no restringir el juicio de amparo.
“El juicio de amparo es el instrumento por excelencia de defensa de los derechos fundamentales en México. Hay que mejorarlo y fortalecerlo, nunca limitarlo ni restringirlo. Ojalá todos nuestros políticos lo entiendan”, escribió la noche del domingo en alusión a la propuesta del senador Monreal.
El juicio de amparo es el instrumento por excelencia de defensa de los derechos fundamentales en México. Hay que mejorarlo y fortalecerlo, nunca limitarlo ni restringirlo. Ojalá todos nuestros políticos lo entiendan.
— Miguel Carbonell (@MiguelCarbonell) January 20, 2020
El primer cambio que se presentaría era al artículo 25 de la Constitución con el objetivo de que el desarrollo de obra pública e infraestructura fuera considerado de interés social y protegido. Es decir, no se podrían presentar amparos contra obras
“En materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público que impacten directamente en el bienestar de las personas, así como en el goce y ejercicio de sus derechos humanos, sea considerado de interés social, protegido por la Constitución y las leyes”, se leía en la propuesta dada a conocer por Monreal.
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La segunda de las reformas es un cambio al artículo 129 de la Ley de Amparo, con la finalidad de establecer como una causal de improcedencia de la suspensión de la obra.
“En virtud de que se provocan perjuicios al interés social, cuando se impida o interrumpa la ejecución de obra pública e infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público que impacte directamente en el bienestar de las personas”, detallaba el documento del senador.
