“El principio de austeridad que demanda la sociedad ha empezado a ser el rector de los órganos de gobierno, sin embargo, todavía existen estados en la República que no han adoptado ese principio fundamental”, señaló.
Explicó que el objetivo principal de su propuesta es que los titulares del Poder Ejecutivo, en todos los niveles, dejen de destinar recursos públicos para el mantenimiento de las casas de gobierno, para lo que propone adicionar un artículo 61 Bis a Ley General de Bienes Nacionales, propuesta que presentó por primera vez el pasado 24 de septiembre.
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Con esta medida, explicó, quedaría establecido que los titulares de los poderes ejecutivos estatales y municipales tienen la obligación de aplicar medidas de austeridad en el manejo de los bienes inmuebles que les corresponda poseer, vigilar, conservar y administrar.
Agrega que ninguno de esos inmuebles “podrá ser destinado como residencia oficial, casa habitación o residencia para los titulares de los poderes ejecutivos de los estados, ni de sus familias, o cualquier otra persona, ni como centros destinados a realizar celebraciones o eventos privados”.