Siete años más tarde, la Suprema Corte decidió tomar el asunto con el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, el cual propone avalar la eliminación de los derechos que se reconocían a las personas ante desalojos.
Ríos González plantea que no habrá afectación al derecho a la vivienda ni a las personas en casos de desalojos, pues todos los desalojos se realizan a partir de un juicio.
Sin embargo, hay casos como el de República de Cuba 11, donde 19 familias fueron sacadas por la fuerza el 27 de agosto de 2025 de departamentos que fueron sus hogares por más de medio siglo.
El desalojo se realizó con un juicio con múltiples irregularidades, entre ellas la supuesta notificación a una de las residentes sobre el desalojo, pese a que la vecina había fallecido cinco años atrás.
De enero de 2023 a noviembre de 2025 se presentaron 81 quejas por violaciones a derechos humanos durante desalojos en la Ciudad de México ante la CDHCM.
Organizaciones como la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) y el Frente Contra la Gentrificación advirtieron que el proyecto de la ministra Ríos González desconoce el derecho a una vivienda adecuada y viola el principio constitucional de no regresividad en derechos humanos, el cual establece que una vez que se reconoce un derecho este no puede ser eliminado después.
Alrededor de 23,000 familias son expulsadas de la Ciudad de México cada año, de acuerdo con el diagnóstico realizado para el proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT)
Se prevé que las y los ministros decidan sobre el Artículo 60 este lunes, por lo cual organizaciones y activistas convocaron a una manifestación frente a la Suprema Corte a partir de las 8:00 horas.