La mandataria indicó que poco después del incidente el Gobierno de la Ciudad de México dio un apoyo de 40,000 pesos a víctimas y familias para que pudieran contar con recursos de forma inmediata
Además se reformó el Reglamento de Tránsito para imponer límites en los horarios de circulación de pipas de hidrocarburos, se redujo la velocidad máxima a la cual pueden circular a 30 kilómetros por hora y se disminuyó la cantidad de sustancias peligrosas que pueden transportarse en la capital.
“El próximo año vamos a presentar incluso una aplicación con la cual vamos a poder estar monitoreando a las pipas que transportan gas o hidrocarburos por la ciudad y vamos a tener un sistema de monitoreo de por dónde van, de qué velocidad llevan y en qué situación están”, adelantó Brugada.
Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, apuntó que la investigación y los peritajes realizados determinaron que la responsabilidad de la explosión fue de forma inmediata del conductor de la pipa (quien murió) por exceso de velocidad y la pérdida del control del vehículo.
Así mismo hay responsabilidad de la empresa por no cumplir con una capacitación adecuada del operador en conducción segura de unidades con materiales peligrosos, manejo de curvas elevadas, protocolos de emergencia y procedimientos ante fuga de gas LP, así como una insuficiente supervisión de las jornadas de conducción para vigilar tiempos de descanso, límites de hora al volante y factores de fatiga en los conductores que incrementan el riesgo de pérdida de control.
“Los estudios realizados descartaron problemas en la vía de circulación, fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente: la infraestructura cumplía con los parámetros normativos, el vehículo no presentaba fallas previas al impacto y las condiciones meteorológicas eran estables”, aseguró Alcalde.
