Autoridades de la Ciudad de México investigan el origen del arma de fuego con la que un adolescente de 13 años disparó contra su madre y la hirió en la mandíbula izquierda, luego de una discusión provocada por el retiro de su teléfono celular en un domicilio de la colonia Polanco.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado 25 de octubre, cuando la mujer de 52 años discutió con su hijo y él tomó un arma corta y disparó contra ella, hiriéndola en la mandíbula.
En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que tras la agresión el adolescente huyó del domicilio, pero fue detenido por elementos de la policía capitalina y puesto a disposición de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, que definirá su situación jurídica y familiar.
“La fiscalía tomó la investigación para establecer el origen del arma ¿por qué el menor tenía acceso a ella? y las circunstancias en la que se dio la agresión”, explicó.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el padre del menor –un hombre de 51 años de edad– entregó a las autoridades ministeriales el arma de fuego con la que se registró la agresión y para fines de la indagatoria, también fue presentado ante el agente del ministerio público para rendir su respectiva declaración.
De acuerdo con las autoridades, el menor discutió con su madre y como medida de castigo esta le retiró su teléfono, lo que causó la molestia del adolescente y en el intento de recuperar el aparato disparó contra ella.
La bala ingresó por el área de la mandíbula izquierda, por lo que fue necesario el traslado de la víctima a un hospital para su atención médica donde fue declarada fuera de peligro y fue dada de alta horas más tarde.
Otro menor de 11 años, hermano del agresor, fue golpeado en su intento por defender a su madre.
La Ley de Justicia para Adolescentes de la capital contempla que aquellos menores de edad a partir de los 12, hasta los 17 años de edad, son sujetos a cumplir medidas especiales en caso de que estén involucrados en hechos delictivos.
El artículo cuarto de dicha ley señala que los menores de edad no pueden ser juzgados como adultos y deberán tener medidas sancionatorias de acuerdo a su edad y género.
Las sanciones pueden variar dependiendo el delito cometido, ya sea internamiento en un centro de justicia para adolescentes cuyo periodo puede ser desde los seis meses hasta los siete años como máximo.
