Al ser entrevistada por legisladores de las comisiones unidas de Transparencia y Rendición de Cuentas –quienes avalaron por unanimidad a la aspirante–, Ramírez planteó los ejes de su propuesta de trabajo para la Contraloría de la ciudad.
Asegurar legalidad y eficiencia del ejercicio del gasto público, combate a la impunidad, impulsar la participación ciudadana, promover un modelo de gobierno abierto y avanza hacia la profesionalización de la Contraloría.
Entre las propuestas de Ramírez está crear una plataforma digital de seguimiento ciudadano que permita visualizar uso del gasto público en tiempo real, con información accesible y leguaje sencillo; el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en los procesos de fiscalización; iniciar una estrategia de atención a casos de acoso y violencia laboral, así como por violencia de género dentro de los entes públicos de gobierno y crear una contraloría social junto a otras formas de participación ciudadana.
“No basta con auditar desde un escritorio y llenar reportes impecables, necesitamos abrir las puertas, salir al territorio y construir junto con la gente mecanismos que hagan de la transparencia y la rendición de cuentas una experiencia real, cotidiana, especialmente sobre el Presupuesto Participativo”, afirmó Ramírez.
El pleno del Congreso de la ciudad votará este 7 de octubre el nombramiento de Ramírez al frente de la Contraloría capitalina.
¿Quién es Nashieli Ramírez?
Nashieli Ramírez es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México CDHCM) desde noviembre de 2017, además fue ratificada en el cargo por un segundo periodo en agosto de 2021.
Compitió en 2024 para encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin embargo pese a las polémicas y críticas de la sociedad civil, el Senado decidió reelegir a Rosario Piedra Ibarra en el cargo.
Fue parte de los especialistas del Grupo de Expertos en Primera Infancia de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
Desde la sociedad civil fue presidenta de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) de 2007 a 2010 y directora general de la organización Ririki Intervención Social de 2002 a 2017.
Se desempeñó también como directora general y subdirectora general administrativa del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE); así como coordinadora general de vinculación en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).