“Se rompió la pierna en dos partes. Ella, al no tener dinero, tuvo que ir hasta (el hospital) Magdalena de las Salinas para que la atendieran. Lleva dos operaciones y no ha quedado bien. Ya perdió su trabajo, como aún no puede caminar no puede desempeñar sus labores”, cuenta Ballesteros, quien da acompañamiento a la joven.
La diputada y Vania se presentaron en las oficinas de Didi México el pasado 16 de julio para exigir a la empresa responder por los gastos médicos y los daños, sin embargo, no fue recibida por algún representante de la plataforma.
“Es necesario que las empresas sean responsables de la reparación del daño a Vania por las lesiones tan graves que tuvo y a la familia de María que ya no está”, dice.
Llamaría a las ciudadanas y los ciudadanos a no usar el servicio de Didi Moto o de Uber Moto porque se dan en condiciones de inseguridad y negligencia. Es un servicio ilegal y estas empresas no han querido suspenderlo.
Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano
La legisladora de Movimiento Ciudadano advierte que las personas que dan el servicio en motocicleta a través de apps –en su mayoría jóvenes– también se ven expuestas a lesiones y fallecimiento, además de ciertas violencias, como el acoso sexual.
“Muchos de estos chicos vienen de ser repartidores de apps y son de los que más han alzado la voz en esta ciudad por la seguridad vial, no solo la suya, la de todos los usuarios. No se les debe criminalizar, son jóvenes trabajando”, sostiene.
Ballesteros considera que el gobierno capitalino debe tomar acciones para reducir las muertes por hechos de tránsito, en especial las de motociclistas, reforzar el uso de cascos certificados que sí protegen en siniestros, así como exámenes periódicos de habilidades y revisión del estado de las motocicletas, a la par de garantizar vialidades seguras para todos los usuarios.
“Andar en motocicleta no puede ser una condena de muerte”, dice la diputada.
