A contrarreloj y con una serie de desafíos logísticos y técnicos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) también debe organizar la primera elección de integrantes del Poder Judicial en la capital, que se llevará a cabo el 1 de junio.
Para realizar esta inédita elección local se tendrá un presupuesto de 883.4 millones de pesos y, al igual que a nivel federal, el reto está en su organización: desde el tipo de boletas que se imprimirán hasta el número de casillas a instalar.
Por primera vez se elegirán por el voto ciudadano en la capital un total de 133 cargos: 33 titulares de Magistratura, 95 de Juzgados y cinco Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial de la CDMX. El número de candidatos se estima en 853.
Los desafíos a menos de cinco meses de la elección van desde tener a tiempo las boletas electorales hasta el diseño de las mismas, pues en una boleta los ciudadanos deberán votar por varios cargos, señala el consejero electoral, César Ernesto Ramos Mega.
“Tenemos que diseñar estas boletas para que la ciudadanía pueda identificar claramente las candidaturas aunque sean muchas y garantizar que de alguna manera no sean nulos de manera accidental, esto debido a que los ciudadanos deberán votar por varios cargos en una sola boleta”, detalla en entrevista con Expansión Política.
Se harán ajustes en el proceso ante la escasez de tiempo y los recursos limitados: es posible que las boletas y actas no se impriman en papel seguridad, ya que es más caro, y el cómputo no se hará en las casillas, sino en las sedes distritales, aunque se prevé transmitir el conteo en tiempo real para dar mayor transparencia al proceso.
Aún depende del Instituto Nacional Electoral definir si en la ciudad se instalarán alrededor de 13,500 casillas –como en la elección de 2024– o si se limitará a unos 6,000 centros de votación, explica el consejero. De forma paralela, el IECM deberá organizar la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, a realizarse en agosto.
“En otros países se han dado ejercicios similares pero por menos cargos y con menos candidaturas. A pesar de que es un tiempo mucho más reducido en una elección inédita, tenemos previsto alcanzar a tener toda la documentación y materiales listos para la jornada del 1 de junio”, afirma Ramos Mega.
Desde su arranque, el proceso ha generado dudas sobre la influencia de los partidos de la llamada "Cuarta Transformación" en la elección judicial, en especial en la designación de los Comités de Evaluación –uno de la Jefatura de Gobierno, uno del Congreso local y uno del Tribunal Superior de Justicia–, que son los encargados de calificar a los aspirantes.
En el caso del comité del Congreso capitalino, las personas seleccionadas fueron propuestas por Morena y aliados, además de violar la paridad de género al tener a cuatro hombres y solo una mujer.
Para el Comité del Ejecutivo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, incluyó a un hermano de la ex ministra Olga Sánchez Cordero –hoy diputada por Morena– y a un ex legislador morenista.
Javier Martínez Reyes, doctor en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte que la inclusión de personas afines al partido en el poder es un error que se repite, pues lo mismo pasó en los Comités de Evaluación del Ejecutivo y del Legislativo para la elección federal.
“Había perfiles abiertamente partidistas, cercanos a Morena y a sus aliados, cercanos a políticas y a políticos. Si son perfiles partidistas los que van a elegir a juezas y jueces que tienen que ser independientes, ahí ya tenemos un primer gran problema", indica.
Me parece lamentable pero era previsible: no es una reforma para mejorar al Poder Judicial, es una reforma para capturarlo de forma partidista”.
La elección del Poder Judicial en la capital será un proceso hecho con premura en el que será difícil que los ciudadanos conozcan a las y los candidatos, advierte Jorge David Aljovín, abogado especializado en Derecho Electoral.
“La organización es enormemente complicada, se está haciendo sobre las rodillas, no va a haber la posibilidad de que la gente conozca realmente quiénes son los candidatos y candidatas, y me parece que será un ensayo fallido”, señala el especialista.
Uno de los factores es que los candidatos no podrán recibir recursos públicos ni privados para sus campañas y tampoco podrán ser apoyados por los partidos políticos. Sin embargo, para Aljovín los grupos políticos en la ciudad ya están buscando incidir y, pese a que la legislación lo prohíbe, augura una votación donde se movilice a las bases partidistas.
“Sin la posibilidad de haber una campaña y simplemente ciñéndose a los tiempos que entregue el Estado o la buena voluntad de los medios de comunicación, será enormemente difícil conocer las trayectorias y, por lo tanto, lo que reinará es una elección del voto duro", manifestó.
“Aun cuando la propia reforma judicial dice que los partidos políticos no pueden hacer proselitismo a favor de las candidatas y los candidatos en la elección judicial, al final del día veremos a las estructuras movilizándose y la final del día será una pelea de grupos: el de Martí Batres, el de Clara Brugada y así iremos viendo”, considera el también profesor de la Universidad Iberoamericana.
Paulina Creuheras, subdirectora de Riesgo Político en Integralia, ve el riesgo no sólo de una baja participación en la elección, sino de mayor impunidad ante la elección de perfiles que desconocen la materia jurídica de los cargos.
“No descartamos la posibilidad de que, ante estos nuevos tribunales y juzgados que no conocen del tema, la gente prefiera no acudir ante ellos y dirimir sus conflictos de otra manera. También esto puede generar impunidad si no hay instancias que sancionen y que resuelvan conflictos va a ser un poco la ley de la selva", expresa.
Para la especialista de Integralia, tanto la Ciudad de México como las otras 14 entidades que tendrán elecciones locales para definir a su Poder Judicial, apresuraron el proceso por razones políticas.
“Es uno de los factores que aceleró que se aprobaran las reformas en estas entidades federativas, porque los actuales partidos en el poder quieren tener incidencia en la elección de personas juzgadoras y están aprovechando ahora su popularidad y su aprobación para hacerlo", sostiene.
Lo único que busca es que sean perfiles más cercanos al Gobierno y menos técnicos”.
El próximo 28 de febrero se darán a conocer los nombres de las y los candidatos que competirán por integrar el Poder Judicial de la CDMX.
