Aprueban reformas al código penal para castigar corrupción inmobiliaria en CDMX

La iniciativa enviada por el jefe del ejecutivo local, Martí Batres, adiciona un artículo 276 Quater en el que se define el término “corrupción inmobiliaria” en el código penal para la Ciudad de México.

“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley”, se lee en el documento.

Con esta modificación se establecen sanciones de entre 10 y 20 años de cárcel a los servidores públicos que cometan el delito de corrupción inmobiliaria.

En caso de que además de permitir la construcción ilegal de inmuebles o de que no cumpla con los requisitos en la ley y se obtenga un beneficio económico por ello, las penas aumentan una mitad de la sanción ya establecida.

El nuevo artículo 276 Quater no solo contempla sanciones a los servidores públicos, también abarca al cónyuge; descendientes o ascendientes; parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado; concubina o concubinario; pareja permanente; adoptante o adoptado y a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos y económicos y de dependencia administrativa directa.

También los socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

El dictamen presentado por la comisión de Administración y Justicia del Congreso de la Ciudad de México fue aprobado con 47 votos en lo general.

Al presentar el dictamen en tribuna, el diputado morenista Octavio Rivero, presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, resaltó que lo que se busca con esta iniciativa enviada por el jefe de gobierno es evitar que en el futuro se puedan presentar casos de corrupción inmobiliaria, cometidos desde las oficinas de las alcaldías y en general de las oficinas gubernamentales

“Lo decimos fuerte y claro, la ciudadanía tiene derecho a una vivienda digna, asequible y segura, sin que para ello tengan que ser víctimas de la corrupción de organizaciones que operan al amparo de los cargos públicos” afirmó.

Al discutir el dictamen, el diputado panista Federico Chávez externó su preocupación, ya que más que reformar el Código Penal por un tema coyuntural y político, lo que deben revisarse son los procedimientos administrativos en materia inmobiliaria.

“No hemos entrado en el centralismo que tenemos, las facultades que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para los usos de suelo, hasta donde llegan las facultades del Invea, hasta donde las alcaldías y llevarlo al tema penal y las familias”, expuso.

La diputada morenista Martha Ávila celebró que la reforma al código penal haya avanzado en comisiones y en el pleno, ya que el tema de combate a la corrupción inmobiliaria era uno de los prioritarios y más importantes en la agenda legislativa de su partido.

“El dictamen es una reforma necesaria, a la vez que es una demanda muy sentida de nuestra sociedad. Hacer negocios turbios valiéndose de un cargo público es inaceptable. Esta reforma no se dirige a alguien en particular, se trata de una ley con efectos generales que aplica para todas y todos por igual, sin distinción”, afirmó

Una vez aprobado en el Poder Legislativo, la iniciativa fue enviada al jefe de gobierno, Martí Batres, para su posterior publicación en la Gaceta Oficial.