Robo, el delito más común entre personas sin sentencia en cárceles de la CDMX

Los datos contradicen lo afirmado, pues los delitos más frecuentes entre personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de la capital son el robo con 8,478 casos; sigue el homicidio con 1,216 ilícitos y en tercer lugar los delitos contra la salud con 943.

En la Ciudad de México hay 7,976 personas en prisión sin sentencia, de las cuales 7,368 son hombres y 608 son mujeres, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2022 del INEGI.

Y aunque la prisión preventiva debe ser utilizada como una medida cautelar para asegurar que una persona procesada no huya, ni afecte o ponga en riesgo a víctimas, testigos o intervenga en la investigación, en los hechos, al aplicarse de forma oficiosa por el tipo de delito, no hay una evaluación del riesgo de que esto ocurra, advierte Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

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“Se está utilizando esta medida cautelar como una sanción anticipada cuando todavía no existe ni siquiera una investigación concluida que determine que eres responsable de ese delito del que se acusan, tampoco has tenido un juicio en el que tengas una oportunidad para defenderte y tampoco ha habido una sentencia”, explica en entrevista con Expansión Política.

En la ciudad casi cuatro de cada 10 mujeres se encuentran en prisión sin haber sido sentenciadas. La especialista sostiene que la prisión preventiva oficiosa tiene un peso sobre las mujeres no solo en aquellas encarceladas, sino también en su disposición para denunciar cuando son víctimas de violencia.

“La prisión preventiva oficiosa ha afectado de manera desproporcionada a mujeres y también es un disuasor para que, por ejemplo, víctimas de violencia familiar no denuncien a sus agresores por el temor a que sean encarcelados, justamente porque la mayoría de los agresores son sus parejas sentimentales, los padres de sus hijos”, indica.

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También tiene un costo sobre las personas jóvenes en el caso de delitos contra la salud, apunta la especialista de México Unido Contra la Delincuencia.

“Uno de los delitos que más se procesan en la Ciudad de México es posesión simple y sobre todo posesión simple de cannabis, la cual es una sustancia que ya tiene reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación su consumo de manera protegida.

“En realidad se utiliza para detener y extorsionar a personas jóvenes, de escasos recursos y con cierto perfil racial”, afirma.

La jefa de Gobierno ha sumado a su defensa de la prisión preventiva oficiosa que su eliminación pondría en riesgo a Ministerios Públicos y jueces ante el crecimiento del crimen organizado durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

“Tenemos problemas graves de delincuencia organizada, este cambio vulnera a los Ministerios Públicos y jueces, en un país producto de la guerra contra el narco de Calderón. (...) Si queremos proteger a los jueces, dejemos la prisión preventiva oficiosa”, justificó Sheinbaum.

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Fiscalía CDMX en defensa de la prisión preventiva oficiosa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) se opone también a eliminar esta medida.

“La prisión preventiva oficiosa han sido el dique que ha impedido que nuestro país deje atrás el lastre de violencia, corrupción e impunidad”, publicó la dependencia en un posicionamiento el 28 de agosto.

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía, insistió en que esta medida cautelar requiere que la autoridad ministerial acredite presupuestos para su aplicación y se sujete a control judicial, aunque aclaró que respetará la determinación que tome la Suprema Corte.

“Se continuará beneficiando al debido proceso, respetando la presunción de inocencia, justificando y brindando al mismo tiempo, el seguimiento correspondiente a cada caso en el que se aplique la prisión preventiva”, dijo en un mensaje a medios este 7 de septiembre.

Para Cristina Reyes, defender la prisión preventiva oficiosa representa una especie de “confesión grave” de la dependencia cuyos Ministerios Públicos deben ser los encargados de investigar y presentar hechos y pruebas para procesar a un individuo por un delito.

“Es una confesión muy grave por parte de la Fiscalía al decir que son incapaces de demostrar que las personas que detienen realmente son las personas que cometieron el delito.

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“La prisión preventiva justificada existe y los Ministerios Públicos tendrían que estar suficientemente capacitados para argumentar ante un juez cuando existe un riesgo para las víctimas, para la investigación o de fuga”, indica la directora en México Unido Contra la Delincuencia.