El Partido Acción Nacional (PAN) formalizó una demanda de juicio político contra la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum Pardo; la acusan de negar mantenimiento a la Línea 12 del metro y obstruir la investigación.
Esa petición forma parte de la estrategia jurídica emprendida por el PAN contra Sheinbaum y con la que busca sea destituida y sujeta a proceso.
La senadora Kenia López y los diputados Santiago Torreblanca y Guillermo Huerta iniciaron así las acciones contra la funcionaria pues, aseguraron, obstruye la justicia para proteger su figura política.
De acuerdo al documento de solicitud de juicio político, los panistas señalan que se pueden configurar violaciones a la Constitución Política y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que ameritan el juicio de procedencia.
Si la Cámara –en la que Morena es mayoría– llega a declarar que procedería el juicio contra la jefa de gobierno, el expediente sería turnado al Senado.
Torreblanca sostuvo que existen esas violaciones a la ley y que son sistemáticas a los derechos fundamentales con actos consecutivos, por lo que enlistó: ataca la transparencia, oculta información a la propia Fiscalía de la ciudad, la contraloría no se allega de los elementos del dictamen mandado hacer por la gestión integral de riesgos y se pretende “acallar a las víctimas a billetazos”.
Los panistas basaron la demanda en el tercer informe de causa-raíz de la empresa DNV, contratada por el gobierno de la ciudad para investigar los hechos ocurridos el 3 de mayo y que concluyó que hubo fallas de los gobiernos de Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, lo que en conjunto llevó al colapso de la Línea 12 del metro.
En su escrito, entregado a la secretaría general de la Cámara de Diputados, se agregó como prueba un dictamen de mayo de 2021 en el que se confirmó que no había conflicto de interés entorno a la empresa DNV, por lo cual se formalizó el contrato SGIRPC/DEAF/RMAS/CT/004/2021 con esa firma, conflicto de interés que de acuerdo a la jefa de gobierno sí existe pero que se acusó después de un año del contrato “porque no le gustaron las conclusiones”, dijeron los panistas.
También dijo que: “hay en el contrato un acuerdo de confidencialidad” y que “no cumplieron con la metodología técnica que se comprometieron en el contrato”, pero con todo ello la jefa de gobierno busca “obstruir las investigaciones”, advirtieron los legisladores panistas.
En su escrito, los panistas presumen que hay responsabilidad de la jefa de gobierno en el desplome de la Línea 12, por lo que la acusan de entorpecer las investigaciones.
"Ha buscado por todas las vías posibles obstruir las investigaciones y busca deslindarse de cualquier responsabilidad. Para ella los únicos culpables son la ausencia y deficiencia en pernos”, indicaron.
