El gobierno de la Ciudad de México presentó este miércoles un plan con el que busca proteger y dar certeza jurídica a los ciclistas que son víctimas de hechos de tránsito, para lo cual alista dos reformas.
Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), señaló en conferencia que los incidentes en hechos de tránsito son evitables, por lo que puntualizó que se deben tomar todas las medidas para lograrlo.
De acuerdo con el último reporte de la Semovi sobre hechos de tránsito , publicado en diciembre pasado, en los primeros nueve meses de 2020 se duplicaron las muertes de ciclistas con respecto al mismo periodo de 2019, al pasar de siete casos a 16.
Por ello, el gobierno capitalino trabaja de la mano con organizaciones civiles para poner en marcha el Plan de Protección al Ciclista, que consta de tres ejes:
En lo que respecta a la atención a víctimas, María Fernanda Rivera, directora general de Seguridad Vial, informó que se creó la Comisión de Seguimiento Interinstitucional, que involucra a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX), a la Semovi, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y al C5.
Esta comisión dará seguimiento a los casos derivados de un hecho de tránsito, y en específico, la FGJ elaborará un protocolo conjunto de atención a hechos.
Sobre la aplicación de la ley, se adelantó que la SSC presentará ante el Congreso de la Ciudad de México una reforma al Reglamento de Tránsito para el programa del Alcoholímetro.
La reforma contempla eliminar la posibilidad de que acompañantes se lleven el vehículo cuando el conductor haya rebasado el nivel de alcoholemia. También que en caso de reincidencia o que no se hayan cumplido más de cinco sanciones (por cualquier tipo de infracción), los autos puedan ser remitidos al corralón.
En tanto que la Semovi enviará otra propuesta para reformar la Ley de Movilidad en materia de seguros y sanciones. Con esto se busca quitar cualquier tipo de ambigüedad en las pólizas que son válidas para este tipo de accidentes.
Y el tercer eje, de los protocolos, contempla el reformazamiento del operativo Carrusel: en 2020 la SSC intervino 13 vialidades, y este año contempla 27.
También se reforzarán las vías de acceso controlado: en 2020 fueron más de 300, y el objetivo en 2021 es de 700.
Además, se buscan establecer sanciones al transporte público ante hechos de tránsito, que van desde la suspensión del ramal hasta por 30 días y la suspensión o cancelación de licencia hasta la revocación de concesión.
Por parte de las autoridades, se realizarán operativos preventivos para revisar las características de las unidades.
