Los recursos provienen del Fondo de Capitalidad y debían destinarse para la adquisición de sistemas de videovigilancia para la ciudad, sin embargo hubo un subejercicio por 182.4 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría local.
El C5 justificó no regresar los recursos argumentando que el proyecto de ampliación de la videovigilancia se realizaría en dos años, 2019 y 2020, por lo cual conservó el dinero para poder completar el proyecto el año siguiente.
Sin embargo, la Auditoría advierte que con esto el C5 violó la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México en su artículo 80.
También transgrede el convenio realizado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno capitalino para el otorgamiento de subsidios.
La ASCM señala necesario que el C5 “…. establezca mecanismos de supervisión para asegurarse de que los fondos presupuestales o recursos que, por cualquier motivo, conserve en su poder al término del ejercicio fiscal que corresponda y no hayan sido devengados, así como, en su caso, los rendimientos obtenidos, se enteren a la instancia correspondiente”.